El Ministerio de Salud Pública de Salta resolvió suspender preventivamente a los profesionales que intervinieron en el parto del bebé prematuro que la semana pasada murió por decapitación en el hospital de Tartagal, y que fueron denunciados por los padres, por mala praxis.

Fuentes gubernamentales informaron ayer que se trata de la resolución 1757, firmada por el ministro de Salud de Salta, Roque Mascarello, y el secretario de Servicios de Salud, Francisco Marinaro Rodó.

La resolución suspende preventivamente en sus cargos al médico Carlos Carrizo y a la obstetra Rosana Colchado Palacios, que fueron los que intervinieron durante el trabajo de parto de la mujer.

Además, los funcionarios decidieron iniciar un sumario administrativo en el Hospital Juan Domingo Perón, de la ciudad de Tartagal, situada a 365 kilómetros al norte de Salta capital, con el fin de esclarecer la situación planteada y deslindar las responsabilidades del caso.

Ese sumario deberá ser elevado a las autoridades del ministerio a la brevedad, con un informe sobre la conclusión a la que se arribare, mientras que fue designado un tribunal técnico que evaluará la praxis médica dispensada a la mujer.

El parto se registró el 19 de diciembre pasado, cuando Reyna Velázquez ingresó al hospital con un embarazo de 24 semanas de gestación y en trabajo de parto, por lo que los profesionales iniciaron las maniobras necesarias, pero el bebé murió al nacer.

La autopsia practicada al cuerpo estableció que la causa de la muerte fue la decapitación que sufrió durante las maniobras que le practicaron a la madre en su trabajo de parto.

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados de Tartagal, Pablo Cabot, tomó intervención tras la denuncia de los padres del bebé, ambos integrantes de una comunidad guaraní del norte provincial.

Luego de recibir el alta, los investigadores se entrevistaron con la madre, quien describió en forma pormenorizada la situación en la que llegó al hospital, y lo sucedido mientras era asistida.