El único estado donde la violencia ha disminuido de manera constante es San Pablo, el motor económico de Brasil, donde la indignación por el delito a finales de los 90 dio lugar a medidas más estrictas, tales como los controles al consumo de alcohol y sobre las armas, y una mayor inversión en cárceles y en las fuerzas policiales.

Pero ha habido pocos cambios en la tasa de homicidios de Río de Janeiro de alrededor de 40 por cada 100.000 habitantes y en un gran número de ciudades sin ley en zonas de Brasil, especialmente en la Amazonia, que en algunos casos llegan a 100 asesinatos por cada 100.000 habitantes, una tasa comparable a la de zonas de guerra.

Después de casi cinco años en el cargo, Lula puso en marcha el año pasado un plan de prevención del delito por el que se invertirá el equivalente a 3.900 millones de dólares en cinco años en el entrenamiento de la policía y la lucha contra la corrupción, y que abarcará inicialmente a once grandes ciudades.