Un ex funcionario de la secretaría que encabezaba María Julia Alsogaray sufrió un nuevo revés judicial al declarar “inadmisible” la Cámara Federal un recurso contra la resolución por la cual se rechazó su pedido de  nulidad del auto de elevación a juicio oral de la causa en la que, entre otros, también está procesado el ex presidente Carlos Menem.

La Sala I del tribunal de apelaciones no hizo lugar al  “recurso de casación” presentado por la defensa del ex  subsecretario de Ordenamiento Ambiental de la Secretaría de  Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable Raúl Castellini contra  la resolución que desestimó su pedido de nulidad del auto de  elevación a juicio.

En una resolución de tres carillas, a la que Télam tuvo  acceso, los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Luis Rimondi y Mario  Filozof sostuvieron que el rechazo al planteo contra el pedido del  fiscal Gerardo Pollicita “no es una sentencia definitiva ni  equiparable a ella por sus efectos”, en referencia a los requisitos  procesales para hacer viable esa revisión.

Pollicita había acusado a Castellini por “haber intervenido,  desde su posición ... en la implementación y ejecución del sistema  que posibilitó la sustracción de fondos reservados en forma  periódica por parte de distintos funcionarios del Poder Ejecutivo  Nacional durante los dos períodos presidenciales de Carlos Menem”.

El fiscal tuvo por acreditado que, entre febrero y diciembre  de 1999, Castellini retiró de las oficinas del ex funcionario  Rodolfo Aiello, en la Jefatura de Gabinete, “distintas sumas de  dinero provenientes de partidas asignadas por la Ley de Presupuesto  a gastos reservados y luego haberlas distribuido para su  sustracción a los funcionarios de más alta jerarquía de la  Secretaría de Recursos Naturales de la Presidencia de la Nación”.

En el pedido de elevación a juicio recordó que “constituye el  objeto procesal de la presente causa la maniobra delictiva llevada  a cabo durante los dos períodos presidenciales de Carlos Saúl  Menem, entre los años 1989 y 1999, que consistió en la  implementación y ejecución de un sistema que posibilitó la  sustracción de fondos públicos en forma periódica por parte de  distintos funcionarios”.

Al actual senador riojano le atribuyó “haber dispuesto el  modo en el que se ejecutaría dicho sistema de sustracción, además  de haber ordenando e interviniendo en la realización de distintas  transferencias entre los organismos a efectos de formar el fondo  general de dinero efectivo que posibilitó su financiación y  designando a los agentes que tendrían a su cargo la distribución  del mismo a los fines de su sustracción”.

Respecto del ex ministro de Economía Domingo Cavallo -también  procesado- pidió su juicio oral por “haber intervenido en la  implementación y ejecución del sistema que posibilitó la  sustracción de fondos” y por las instrucciones impartidas “en una  reunión de gabinete celebrada entre fines del año 1992 y principios  del año 1993” a los “funcionarios públicos presentes, entre quienes  se encontraban el Presidente de la Nación”.

En esas directivas Cavallo instó a los ministros y  secretarios “para que consignasen en sus declaraciones de ingresos  ante la Administración Federal de Ingresos Públicos las sumas  incorporadas a su patrimonio como consecuencia del sistema de  sustracción que venía siendo ejecutado, en una proporción que les  permitiese justificar sus gastos y poder posteriormente alegar que  esos montos tenían una finalidad salarial compensatoria”. (Télam).