Quince personas fueron detenidas por la policía bonaerense acusadas de "asociación ilícita y falsedad ideológica" por haber montado una organización que se dedicaba a vender y falsificar licencias de conducir y documentos de identidad con ayuda de empleados municipales de las localidades de La Matanza y San Martín.

Así lo revelaron ayer fuentes de la investigación al señalar que la banda cobraba entre tres mil y ocho mil pesos para realizar esos trámites. Las detenciones se lograron en las últimas horas tras varios allanamientos en las ciudades de San Justo y San Martín.

Agentes de la Jefatura Distrital Noroeste de La Matanza iniciaron la investigación tras enterarse que en un local ubicado en la calle Yrigoyen, de San Justo, se confeccionaban o tramitaban licencias de conducir y DNI de forma irregular.

Según las fuentes, en la puerta del local comercial un hombre llamado Pedro ofrecía la tramitación de la documentación por valores de 3.500 a 8.000 pesos.,

Tras obtener su número telefónico e intervenirlo por disposición judicial los investigadores determinaron que había varias personas más involucradas en esa maniobra ilícita y que la banda operaba tanto en La Matanza como también en San Martin, en complicidad con empleados municipales.

Así, la Justicia intervino 65 líneas telefónicas y logró la identificación de los autores de la maniobra y sus clientes.

El fiscal Marcelo Diomede solicitó entonces las ordenes de allanamientos, secuestro y detención de los imputados. Los detenidos son 15 personas de entre 21 y 76 años, dos de ellas mujeres.

Las fuentes destacaron que todos quedaron imputados por los delitos de "asociación ilícita, cohecho agravado y falsedad ideológica". Además, secuestraron teléfonos celulares, equipos de informática, sellos del Registro Nacional de las Personas, sellos de empleados de la Municipalidad de San Martin del área de Tránsito, 95 DNI a nombre de diversas personas, 25 licencias de conducir todas con domicilio en la calle Moreno, 25 mil pesos en efectivo y otras documentaciones.

El caso de asociación ilícita y falsedad ideológica quedó a cargo del juez de Garantías Carlos Alí.