Además de autorizar a las adolescentes menores de 15 años a abortar en hospitales públicos, por considerar que cursar un embarazo a esa edad constituye un riesgo de físico y psicológico para la salud, la medida firmada por el secretario Adolfo Rubisntein conllevaba otros puntos. Establecía por ejemplo que las adolescentes entre 13 y 16 años podían abortar sin que se les deba exigir la autorización a los padres, si se trata de un embarazo de menos de 12 semanas y de un aborto medicamentoso. Ya no sólo hablaba de adolescentes que hayan sufrido una violación, sino que ampliaba el derecho a todas aquellas que hayan quedado embarazadas y decidan que no quieren seguir adelante.