Buenos Aires.- El juez federal Ariel  Lijo procesó con prisión preventiva a siete acusados por trata de  personas en domicilios privados de la Ciudad de Buenos Aires y  advirtió que un “elemento central” para el sometimiento de las  víctimas era la “total connivencia policial” con que se  desarrollaban los ilícitos.

“Un elemento central del sometimiento en que se encontraban  las víctimas era que las actividades se desarrollaban con total  connivencia policial”, advirtió el juez en su resolución en la  causa iniciada por una denuncia de la Procuraduría para el Combate  de Trata y Explotación de Personas basada en los dichos de una  testigo de identidad reservada, según la resolución difundida hoy.

En una resolución de 120 carillas, Lijo advirtió que la  connivencia con policías de seccionales de la zona y la división  Moralidad, aún bajo investigación, era una “circunstancia clara y  cotidiana para las mujeres explotadas”.

“A las mujeres se les mostraba que agentes policiales, muchas  veces correspondientes a las comisarías con jurisdicción en la zona  de los `privados`, conocían sobre las actividades que allí tenían  lugar, recibían dinero a cambio de protección y silencio, mantenían  a los explotadores `avisados` sobre investigaciones judiciales o  allanamientos, retenían un dominio territorial en la zona, y tenían  una relación frecuente con sus explotadores”, según la resolución.

Eso se hacía para “amedrentarlas” y neutralizar “cualquier  intención que ellas tuvieran de hacer una denuncia, de desobedecer  las reglas impartidas, o de abandonar los “privados”.
Desde que se inició la causa penal hubo escuchas telefónicas  y se ordenaron 40 allanamientos el 26 de octubre pasado, en 30  privados, una imprenta, un hotel y ocho domicilios de personas  investigadas.

A todos los procesados se los embargó por sumas de hasta un  millón de pesos por el perjuicio causado a 54 víctimas.
Las mujeres eran captadas por su situación de  “vulnerabilidad” y mediante “amenazas, maltratos, intimidación,  restricción de la libertad”.

La banda obtenía unos cinco mil pesos diarios de ganancia  “como mínimo” y promocionaba los privados con volanteros y en  sitios de internet como “tramps”, “gemidos.com”, “www.0600hot.com”,  “microcentro.com”, entre otros.

“Esta banda contaba con protección policial y asesoramiento a  cambio del pago regular de una suma aproximada de 1600 a 4000  pesos”, aseguró el magistrado.
“Para el sostenimiento prolongado de esta actividad  sabidamente ilícita, que resulta notoria o evidente para el control  de las autoridades, contaban con un arreglo y connivencia con los  funcionarios públicos a cargo del control preventivo de la zona  donde estaban los inmuebles”, concluyó el juez.(Télam)