La Fundación Alameda presentó una denuncia penal y pidió el juicio político del juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni por su presunta vinculación con tres departamentos de su propiedad y cedidos en alquiler en los que funcionarían  sendos prostíbulos.
La denuncia fue presentada ante la Procuración General de la Nación y fue recibido por la procuradora adjunta Laura Monti, según revelaron voceros de La Alameda, quienes precisaron que la  presentación es, en realidad, una ampliación de una causa  promovida en diciembre de 2009 sobre “una extensa nómina de locales” que  formarían parte de una “red de prostitución que allí se describía y sus eventuales cómplices y encubridores”.
“De los elementos de juicio que aquí se acompañan surgiría la sospecha de que se encontraría involucrado un prestigioso Juez de  la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Raúl  Zaffaroni”, sostiene la presentación.
La Alameda, con las firmas de su presidente, Gustavo Vera, y  de sus referentes y abogados Mario Ganora y Juan Grabois, advirtió  que “esta cuestión, que se está ventilando en los medios de  comunicación masiva y en las redes sociales y ante la opinión pública  mas no en el ámbito que corresponde que es el de la Justicia, genera  un clima de escándalo y de alarma social que le otorga gravedad institucional al asunto en razón de las personas aludidas”.
La denuncia menciona como departamentos de propiedad del juez  de la Corte que funcionarían como “privados” a los ubicados en  Vicente López 2217, Marcelo T. de Alvear 1906, y un tercero  denunciado periodísticamente, en el que “trabajan, por turnos, dos o tres  chicas que cobran 120 pesos la hora por sus servicios”.
“Yo no firmo los contratos ni conozco a mis inquilinos; no  puedo ocuparme de la administración de esto, de modo que, puede ser,  aunque a mí no me consta, puede suceder. Si está sucediendo,  agradezco el escándalo porque de esa manera me ahorrará un desalojo”,  dijo Zaffaroni en un reciente reportaje radial, consultado acerca  de la cuestión.
“Las publicaciones periodísticas mencionadas le están  atribuyendo al señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación  la autoría o la participación en el delito previsto y reprimido  en el artículo 17 de la ley 12.331”, también conocida como “Ley de  Profilaxis”, añade el texto, al que tuvo acceso esta agencia. Ese artículo se refiere a las “casas de tolerancia” y  establece que “serán castigados con una multa de 12.500 a 25.000 pesos”  quienes las exploten, y añade que “en caso de reincidencia sufrirán  prisión de uno a tres años, la que no podrá aplicarse en calidad  de condicional”.
En el caso de Zaffaroni, la imputación apunta a la supuesta “provisión” del lugar donde funcionarían las “casas de  tolerancia”. Los denunciantes pidieron como medidas de prueba la  comprobación de la titularidad de Zaffaroni sobre los departamentos, el  “allanamiento y registro de los referidos inmuebles a los fines de  comprobar la existencia de elementos y documentación que pudiera  servir de prueba acerca de la actividad que allí se desempeña”, la declaración testimonial de los administradores de los edificios, el  “rastreo en las páginas de la web mencionadas en las notas  periodísticas a fin de determinar si existe publicidad de los referidos prostíbulos” e informes de la Policía Federal y el Gobierno porteño.