En un juicio abierto en los tribunales cordobeses, como publicó ayer La Capital, investigan las cerca de cien muertes ocurridas en el barrio Ituzaingó Anexo de la capital de la provincia, entre 2001 y 2003.

Pero la causa no sólo se refiere a los daños provocados por plaguicidas, "durante años actuó un cóctel de contaminantes que combinaba no solamente sustancias químicas y energías residuales dañinas para la salud humana, unos diez agentes en total, sino también actos irresponsables por parte de funcionarios públicos y productores agropecuarios". "Entre los plaguicidas hallados en sedimentos de los tanques de agua y suelo de las viviendas se hallaron endosulfán, DDT y sus derivados", indicó el biólogo Raúl Montenegro, aceptado como querellante particular en el caso.

El científico preside la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam), inició la denuncia junto a madres del barrio del sureste de la ciudad de Córdoba, hasta donde llega el avance de los cultivos de soja. En el lugar también se registraron unos 200 enfermos de leucemia, cáncer de próstata y otras enfermedades oncológicas y respiratorias.

La Funam accionó judicialmente contra funcionarios públicos, entre ellos autoridades de la Empresa Provincial de Energía (Epec) de Córdoba, y a particulares de la firma que realizaron fumigaciones y los propietarios que contrataron sus servicios. La causa, demorada entre los pasillos judiciales del ámbito federal y provincial, ahora está a cargo del fiscal Carlos Matheu.

Raúl Montenegro, ambientalista y premio Nobel Alternativo 2004, apuntó a la falta de controles epidemiológicos de las poblaciones expuestas a los agrotóxicos.

Sin registros. "Al no haber estudios de epidemiología, la gente enferma y muere sin ser registrado que fue por culpa de la aplicación de plaguicidas a los supuestos niveles legales. Al no computar enfermos no se computa tampoco la contaminación que producen las pequeñas dosis de contaminación que produce el plaguicida que llega al suelo, viviendas, tanques de agua y personas".

También resaltó que "es absolutamente irracional que las decisiones sobre uso de plaguicidas las tomen los ingenieros agrónomos".

Recordó que en un debate con miembros del Consejo de Ingenieros Agrónomos de Córdoba "fue lastimoso darse cuenta de que no conocían las principales vías de irrupción endócrina". "A Monsanto, Bayer y demás firmas las autoriza el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), que permite utilizar plaguicidas. En tanto, la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia), es quien autoriza los cultivos trasgénicos. Se debería ver los expedientes que los habilitan y quiénes los firman", alertó el presidente del Funam.