Piden 37 años de pena y prisión efectiva para el padre Grassi

El abogado querellante Juan Pablo Gallego, apoderado de uno de los denunciantes, solicitó hoy una condena a 37 años para el sacerdote Julio César Grassi, acusado de 17 hechos de abuso sexual, corrupción y amenazas contra tres menores que asistían a la Fundación que el imputado preside. Gallego, quien representa al denunciante conocido como “Ezequiel” y al Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (Casacidn), solicitó la máxima pena que prevé el Código Penal para este tipo de delitos, y prisión efectiva una vez que el Tribunal dicte sentencia. El abogado explicó que para pedir la condena se basó en “probar científicamente que Grassi es un pederasta serial, un pedófilo de alto peligro”, y añadió: “hemos hablado con los superiores de Grassi y evaluamos con ellos el daño ocasionado”. “Que no se mezcle ni se ataque a la Iglesia por este juicio” aseveró el letrado y añadió: “lo que se juzga son delitos individuales de un hombre que son gravísimos”. “Tampoco nada tiene que ver el celibato porque los peritos demostraron que el acusado tiene una personalidad que preexiste a esta profesión que eligió y pensamos que la eligió para ocultar que es un pedófilo y un pederasta”, subrayó. Gallego precisó que pidió una pena que está muy cerca del límite que fija el Código Penal porque “no hay atenuantes y hay muchos agravantes, hoy demostramos que Grassi nunca cumplió con sus votos de obediencia y castidad”. “En cuanto a sus votos de pobreza -continuó el abogado- sabemos que vive en una mansión de 7.200 metros cuadrados y que el mismo ayudó a destrozar a la Fundación que creó, para garantizar su impunidad a cualquier precio y sostener una metodología mafiosa”. El letrado dijo, además que “después de siete años en los que hemos sido atacados en forma permanente y en la que su entorno se dedicó a destrozar a las víctimas y golpearlas, pudimos demostrar con pruebas que estamos ante la presencia de un monstruo”. Con el alegato de Gallego, terminó el turno de la fiscalía y de los tres abogados querellantes de cada uno de los denunciantes, por lo que las audiencias se retomarán el 29 de este mes, fecha que la defensa pidió para iniciar su alegato. La defensa del acusado alegará, además del 29 de abril, los días 5, 6, 7 y 8 de mayo y luego los tres querellantes y la fiscalía podrán solicitar al Tribunal réplicas a los dichos de los defensores del cura, tras lo cual el sacerdote hará uso de la palabra, tal como lo confirmó Grassi a Télam. Daniel Cavo, letrado patrocinante de Grassi, subrayó que “el pedido de Gallego era esperable, no sé si lógico, pero esperable, sobre todo por el tenor que ha tenido la actuación de este querellante y, además, por el impacto mediático que siempre busca”. Destacó además que “esperaba que después del pedido del fiscal de 30 años, Gallego solicitara una pena superior”. Adelantó además que su alegato “va a contener una valoración probatoria y la respuesta puntual a los alegatos de los acusadores, por ello es el paréntesis que hay entre la exposición de la acusación y la de la defensa”. Indicó también que “la resolución justa de este proceso debe ser la absolución, acá no hay discusión de matices ni una visión parcial, acá el padre Grassi debe ser absuelto porque los hechos no han ocurrido”. El fiscal general de Morón, Federico Nieva Woodgate, aseguró que la defensa de Grassi “está facultada para pedir la nulidad del juicio una vez que el Tribunal dicte sentencia ya que hizo ese pedido al principio del proceso” pero manifestó descreer que el Tribunal acepte esa solicitud. La titular de Casacidn, Nora Schulman, remarcó, por su parte, que en los delitos de abusos sexual “el testimonio de las víctimas es lo más importante” y añadió que “en este tipo de instituciones (por la Fundación Felices los Niños) el sistema es el que falla”. En este sentido explicó que “es un sistema en el cual los adultos, especialmente, hacen uso de su situación de poder y abusan de los niños a veces sexualmente y otras de otra manera”. “Nuestra posición es acompañar siempre a los chicos para que a partir de ahora puedan vivir una vida digna, para lo cual tiene que pagar la persona que realizó estos hechos deleznables”, dijo la presidenta de Casacidn.- (Télam)