Buenos Aires-  El abogado José Iglesias,  querellante en la causa por la tragedia de Cromañón, pidió hoy la pena de  20 años de prisión para la ex subsecretaria de Control y Gestión  Comunal Fabiana Fiszbin por el delito de “estrago doloso seguido de  muerte”.

Fiszbin no está procesada por ese delito, que significa una responsabilidad directa sobre las 194 muertes de Cromañón, sino  por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, una  figura penal que contempla penas máximas de hasta dos años de  cárcel.

Para los otros dos funcionarios acusados en el juicio, la ex directora adjunta de la Dirección General de Fiscalización y  Control, Ana María Fernández, y el titular de esa repartición, Gustavo  Torres, pidió la pena de cinco años de cárcel por la figura de  “estrago culposo seguido de muerte.

El pedido de penas sorprendió a los asistentes a la audiencia  de hoy del juicio, en la que Iglesias -cabeza de una de las cuatro  querellas- continuó con su larga exposición, esta vez centrada en  los funcionarios públicos acusados.

Para Iglesias, Fiszbin dispuso de las herramientas para evitar  que ocurriera la tragedia de Cromañón, pero omitió llevar  adelante las prácticas que hubieran derivado en la clausura del boliche.

En ese sentido, citó no sólo las reuniones que Fiszbin  sostenía con otros funcionarios del área revisando las inspecciones que  realizaban a los locales nocturnos, las entrevistas con el defensor  del pueblo adjunto de la Ciudad de Buenos Aires Atilio Alimena e  incluso un pedido de informes de la Legislatura que no fue  contestado en tiempo y forma.

“¿Saben qué es esto? Un pedido de informes a la Legislatura.  No un pedido de José Iglesias sino del órgano natural de control  del Poder Ejecutivo. Un expediente que estaba haciendo una  advertencia y fue contestado tres meses tarde y después de ocurrido  Cromañón”, resumió Iglesias.

El tono también fue crítico con los legisladores: “Estuvo aquí  la diputada Fernanda Ferrero contando que esta resolución se  originó porque los legisladores leyeron el diario Clarín y se  alarmaron de lo que había alertado Alimena”.

Además, señaló que del análisis de la documentación de las inspecciones “cualquiera de las listas que se consultara  producían alertas. Sin embargo no produjeron ninguna reacción”.

“Una testigo contó que cuando se hacían las inspecciones se  ponían en una caja que estaba a disposición de la subsecretaria para  las reuniones con Alimena, a quien lo atendían, lo escuchaban y  le daban el trato que  refiere la tramitación de este expediente”,  insistió.

Los alegatos seguirán por la tarde con las querellas  encabezadas por Mauricio Castro y Patricia Núñez Morano, y posteriormente  lo hará la que llevan adelante María del Carmen Verdú y Marcelo  Parrilli. (DyN)