El juez federal porteño Norberto Oyarbide procesó ayer a 30 acusados de participar en una maniobra para fraguar pasaportes de ciudadanía italiana, muchos de ellos destinados a futbolistas, y mantuvo en prisión a 14 de ellos.

  Entre los procesados figura la gestora María Elena Tedaldi, a quien el juez consideró una de las principales responsables de la estructura montada para la maniobra apócrifa con la documentación.

  De hecho, los bienes de Tedaldi fueron embargados en diez millones de pesos, y el resto de los embargos observan montos descendentes hasta los 10 mil pesos para los "partícipes secundarios" de la maniobra.

  Los delitos que se les imputan a los procesados son "falsificación de sellos, timbres y marcas, uso de documento certificado falso o adulterado, falsificación de documentos y asociación ilícita".

  La información sobre los procesamientos fue escuetamente revelada por Oyarbide ayer a la mañana al salir de su casa de la calle Rodríguez Peña, en el barrio porteño de Recoleta.

  Fuentes judiciales dijeron que la resolución fue firmada por Oyarbide por la madrugada, después de trabajar durante toda la jornada.

  La resolución, de unas 300 páginas, dispone además la falta de mérito de otros diez acusados.

  El juez dispuso, también, prorrogar el "secreto de sumario", por lo que los detalles de la resolución —que incluiría "importante embargos" para los procesados— sólo serán notificados a los abogados de las partes para que puedan presentar las respectivas apelaciones.

  La reimplantación del secreto de sumario parece confirmar lo que el propio Oyarbide anticipó anteayer, cuando no descartó que puedan ser llamados a declarar futbolistas y empresarios vinculados con la actividad.

  De hecho, fuentes consultadas dijeron que "una maniobra de tal envergadura no puede ser obra solamente de un grupo de gestores o facilitadores de trámite".

  El viernes 11 de julio, Oyarbide ordenó allanamientos en estudios jurídicos y contables, gestorías, escribanías, imprentas, casas de fotocopiadoras y los clubes Independiente y Lanús.

El puntapié inicial. La investigación se inició luego de que el cónsul general de Italia en Argentina, Giancarlo Curcio, patrocinado por el penalista Sergio Barzola, denunciara en noviembre último que su firma había sido falsificada en un pasaporte.

  A partir de allí se descubrió la existencia de una red integrada por gestorías y escribanías que realizaban en forma irregular los trámites para lograr la ciudadanía italiana, aunque luego Oyarbide reconoció que también existieron anomalías en la gestión de ciudadanías de otros países de la Unión Europea, uno de los cuales sería España.

  A los efectos de ahondar la investigación, Oyarbide viajó días atrás a Italia donde mantuvo encuentros con funcionarios comunales y judiciales en procura de elementos para resolver la situación procesal de los imputados.

  La investigación se centra en los trámites realizados por diversas gestorías con futbolistas que requirieron la ciudadanía italiana por tener antepasados de ese origen y evitar, así, los cupos de jugadores no comunitarios que dispone la Uefa.

  A poco de comenzada la investigación, las fuentes aclararon que "no todos los que realizaron el trámite a través de esas gestorías tenían pasaportes falsos, pero se trabaja sobre estas nóminas".

  Tras la denuncia de Curcio, Oyarbide ordenó a la Side (Secretaría de Inteligencia del Estado) realizar escuchas telefó nicas de las que surge el modus operandi de la organización, la cual efectuó 700 trámites irregulares en Italia y una cantidad que aún se desconoce, pero que no sería inferior a los 300 en la Argentina.

  Oyarbide sospecha que empleados de comunas italianas podrían estar implicados en las maniobras. "Se van a investigar autoridades argentinas y del consulado italiano. Se solicitaron algunas medidas y el resultado del trámite fue óptimo", señaló una fuente.