El gobierno nacional pidió formalmente ayer a la Justicia federal que investigue si las inundaciones en San Antonio de Areco fueron generadas por la excavación de desagües clandestinos en los campos de la zona, sumándose así a la presentación que hizo la provincia de Buenos Aires, mientras dirigentes opositores cuestionaron a funcionarios por la falta de previsión y de obras de infraestructura que eviten anegamientos.

En medio de la polémica, nuevas lluvias que cayeron alrededor del mediodía en la zona norte de la provincia de Buenos Aires reavivaron la preocupación de las autoridades por la situación, dado que más de 2.500 personas continúan evacuadas a la espera de que escurran las aguas.

El nuevo diluvio desatado sobre Areco cortó la luz en la Intendencia y obligó a la búsqueda inmediata de otro grupo electrógeno para la sede comunal, mientras el agua fluía por las innumerables goteras del edificio comunal.

Las autoridades, entre ellas la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner y la intendenta local, Estela Lennon, en la sede del municipio no ocultaban su desazón por lo que calificaron como "un paso atrás".

"El 80 por ciento de los vecinos estaban ya en sus domicilios con voluntarios que les están enseñando cómo limpiar sus cosas y cómo recuperarlas", se lamentó Lennon.

Alicia Kirchner había llegado a Areco para entregar una ambulancia al hospital zonal.

El gobierno bonaerense anticipó que se asistirá con un millón y medio de pesos al distrito de San Antonio de Areco y 500 mil pesos al de Arrecifes, para que sean destinados a las familias afectadas por las inundaciones.

Presentación judicial. La subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación presentó ayer ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral una denuncia para que se investigue la aparente construcción de canales clandestinos en territorio bonaerense que pudieron causar estragos y entorpecimiento del tránsito en rutas nacionales de la zona.

La Nación pidió a la Justicia federal que determine si hubo “delitos penales contra la seguridad pública”, según lo previsto por los artículos 186 y 196 del Código Penal.

Esas normas reprimen con prisión de tres a diez años a quien cause incendio, explosión o inundación, o con penas de seis meses a tres años de cárcel al que por “imprudencia o negligencia, impericia o inobservancia de reglamentos” provoque un descarrilamiento, naufragio u otro accidente.

El gobierno aludió en ese punto a que las inundaciones, cuyo origen también investiga la Justicia bonaerense, impidieron el tránsito sobre las rutas nacionales 8 y 9.

Legisladores bonaerenses de partidos opositores cuestionaron ayer al gobernador Daniel Scioli y a funcionarios nacionales por las acusaciones contra los productores y señalaron que hubo falta de obras de infraestructura en la zona para evitar las inundaciones.

En ese marco, el jefe del bloque de senadores de Coalición Cívica, Javier Mor Roig, manifestó que si los gobiernos “si tienen elementos sofisticados para detectar silos, construcciones ilegales, piscinas y refacciones inmobiliarias no declaradas, ¿cómo no fueron capaces de advertir la existencia de esos supuestos canales clandestinos de riego?”.

El diputado nacional Ricardo Alfonsín (UCR) aseguró que “la inundación que afecta a San Antonio de Areco, la peor de los últimos cincuenta años, es un claro ejemplo de la falta de control e improvisación del gobierno bonaerense”.

“Los satélites pueden detectar una piscina en un country y no mostrar los canales ilegales de Areco”, dijo, y advirtió: “¿Qué hizo el gobierno de la provincia en ejercicio del poder de policía para impedir que estas cosas ocurrieran?”.

Sin embargo, Scioli afirmó que la denuncia contra ruralistas por los canales de Areco “no es un ataque al campo”.

“Hubo una intensa lluvia en muy breve tiempo, que generó, junto a otros factores, este alud de agua sobre el centro de Areco”, aclaró ayer Scioli a las radios 10 y Continental.

El gobernador manifestó que baqueanos y autoridades locales le dijeron que la construcción de “canales, abiertos con excavadoras pudo haber agravado la situación”.

Scioli dijo que esas fueron las razones que lo llevaron a pedir una investigación, pero remarcó que “no es un ataque al campo. Lo ven como una cuestión política, pero no lo es de ninguna manera”. (DyN y Télam)