Dirigentas y militantes de la Unión Cívica Radical de todo el país salieron a rechazar con dureza el proyecto impulsado por la senadora santafesina Carolina Losada que busca endurecer las penas por denuncias falsas y falso testimonio en causas vinculadas a violencia de género, abuso sexual y violencia contra niños. La propuesta, que ya consiguió dictamen favorable en la comisión de Justicia del Senado, abrió una fuerte interna dentro del radicalismo y activó una campaña de firmas para frenar su avance en el Congreso.

La controversia no se limita al debate parlamentario. En sectores de la UCR analizan la posibilidad de promover una sanción partidaria contra Losada, que incluso podría desembocar en una eventual expulsión del radicalismo. La objeción central de las dirigentas de la UCR es política, jurídica y también histórica: sostienen que el proyecto obstaculiza las denuncias de víctimas de abuso y violencia, refuerza una narrativa sin respaldo estadístico suficiente sobre una supuesta “emergencia” de denuncias falsas y contradice una tradición partidaria ligada a la ampliación de derechos de las mujeres.

Mientras funcionarias a cargo de áreas de género de distintas provincias juntan firmas contra el proyecto, dirigentas radicales hacen lo mismo dentro de su partido. Representantes de género de Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, Tierra del Fuego, La Pampa y Catamarca reunieron hasta el momento más de 1.700 adhesiones para pedir que el Senado rechace la iniciativa. El texto también fue firmado por Lourdes Navarro, presidenta del Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género del gobierno radical de Jujuy.

En Córdoba, la legisladora provincial radical Brenda Austin impulsó y logró aprobar un mandato para que los senadores de su provincia rechacen el proyecto. En paralelo, dentro de la UCR, la dirigente María Orsenigo encabeza otra recolección de firmas contra la propuesta de Losada: hasta ahora consiguió el respaldo de 943 correligionarias especialistas, en una nota dirigida a legisladores radicales y de otros partidos, con argumentos técnicos y estadísticos.

El proyecto de Losada y por qué genera tanta polémica

La iniciativa de la senadora santafesina Losada no crea un nuevo delito. Lo que propone es endurecer penas para figuras que ya existen en el Código Penal: la denuncia falsa, prevista en el artículo 245, y el falso testimonio, regulado por el artículo 275. La diferencia central es que el agravamiento se aplicaría cuando esas conductas estén vinculadas a denuncias sobre violencia de género, abuso sexual o violencia contra niños.

En el caso de denuncias falsas sobre violencia de género, el proyecto eleva la pena de 2 meses a 1 año a una escala de 3 a 6 años. Ese cambio vuelve el delito no excarcelable. En falso testimonio, que puede involucrar a testigos y peritos, la pena pasaría de una escala actual de 1 mes a 4 años a otra de 3 a 8 años.

El argumento de Losada y de las organizaciones que impulsan la iniciativa parte de una premisa: que existiría un aumento significativo de medidas judiciales en causas de violencia de género sin prueba suficiente, con consecuencias graves para personas denunciadas. Sin embargo, quienes cuestionan el proyecto advierten que no existen estadísticas en Argentina que respalden una emergencia de denuncias falsas en casos de violencia de género.

Ese es uno de los puntos más sensibles del debate. Para organizaciones de abogadas feministas, referentes de derechos humanos y mujeres radicales, endurecer las penas en este tipo de causas puede producir un efecto inhibidor sobre víctimas que ya enfrentan enormes dificultades para denunciar. La advertencia es concreta: si una mujer o una víctima de abuso sabe que una denuncia que no prospere puede derivar luego en una persecución penal, muchas podrían directamente no acudir a la Justicia.

La abogada Natalia Gherardi, directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, lo planteó con precisión: “El problema con el proyecto es que no aborda los problemas de acceso a la Justicia sino que por el contrario, los agrava. Si ya son muy pocas las personas que denuncian situaciones de violencia y de abuso, muchas menos habrá si enfrentan la posibilidad de ser perseguidas penalmente en el muy probable caso de que la denuncia de violencia y abuso no prospere en la Justicia”.

“La mayoría del radicalismo no comparte estas ideas”

Lorena Matzen, exdiputada rionegrina que estuvo al frente de la Secretaría de la Mujer de la UCR hasta diciembre, fue una de las voces más críticas dentro del partido. “Estamos avergonzadas con los dirigentes que dicen ser de nuestro partido y apoyan estas ideas que retroceden después de lo mucho que nos costó conseguir derechos laborales y culturales”, sostuvo en declaraciones a Tiempo Argentino.

Matzen ubicó el debate dentro de la historia radical y recordó figuras emblemáticas del partido. “Asombra ver y escuchar dirigentes que llegaron a banca con los escudos de un partido que ha luchado mucho tiempo por los derechos de las mujeres, el propio Raúl Alfonsín con la patria potestad compartida o la diputada Florentina Gómez Miranda, que presentó el primer proyecto de aborto, junto con muchas mujeres que rompieron estructuras dentro del partido. Losada vulnera el recuerdo la memoria de mujeres que lucharon de verdad”, señaló.

La exdiputada agregó una definición política de alto voltaje interno: “La mayoría del radicalismo no comparte estas actitudes cómplices con el gobierno. Es una sobreactuación para quedar bien con los que nos han insultado. Hay que ir por los derechos que faltan y es una tarea transversal, no son propiedad de un partido u otro. Hay que seguir rompiendo barreras”.

También cuestionó la forma en que Losada llevó adelante la iniciativa. “Lo que hizo Losada fue inconsulto, usa el sello y habla por nosotras. Ya fueron a verla varias delegaciones para pedirle que retire el proyecto. Se le explicó desde lo técnico y lo político. Sabemos que criminalizar a la mujer no es el camino de solución de nada. Solo agrava el problema. Esto incita a que tengamos menos empleo porque nos pone como una figura peligrosa. Es violencia económica”, afirmó.

La posibilidad de una sanción partidaria contra Losada

La reacción interna en la UCR podría escalar. Varias correligionarias evalúan la posibilidad de impulsar una sanción contra Losada dentro del partido. Ese camino, de todos modos, depende de cada distrito y luego debe quedar en manos de la Convención Nacional, el máximo órgano partidario.

El antecedente inmediato que circula dentro del radicalismo es el de los diputados Mariano Campero, Martín Arjol, Luis Picat y Pablo Cervi, conocidos como los “radicales con peluca”. Su suspensión puede avanzar hacia una expulsión por haber apoyado vetos del presidente Javier Milei a leyes de movilidad jubilatoria y financiamiento universitario.

En el caso de Losada, la discusión tiene otro eje: el uso del sello radical para promover una agenda que, según sus detractoras internas, contradice la tradición de la UCR en materia de derechos de las mujeres y puede impactar negativamente en víctimas de violencia y abuso.

La mirada desde Santa Fe: “Es absurdo que una senadora presente esto”

La polémica tiene además una dimensión santafesina. Alicia Tate, histórica referente feminista radical y exsecretaria de Mujeres, Género y Diversidad del gobierno de Maximiliano Pullaro en Santa Fe, también cuestionó con dureza el proyecto de su coterránea.

“Ese proyecto es de enorme preocupación porque tiene una mirada perversa. De 10 mujeres víctimas de violencia solo 4 se animan a denunciarla y solo 2 prosiguen con la denuncia. Lo que hay que hacer no es agravar las penas sino facilitar el acceso a la justicia de las mujeres que son víctimas. Las denuncias falsas son irrelevantes en su número, apenas un 1%, no ameritan una modificación para agravar penas”, señaló Tate a Tiempo Argentino.

La dirigente radical también contextualizó el vínculo de Losada con la estructura partidaria. “Losada no tiene demasiada relación con el partido, no tenía una historia radical, nunca tuvo trayectoria militante, pero salió de los medios y así surgió como candidata en un contexto en el que a las mujeres de larga trayectoria partidaria no nos resulta fácil conseguir lugares en las listas”, planteó.

Tate, autora del primer proyecto de paridad que terminó aprobándose 20 años después, marcó una diferencia entre representación formal y trayectoria política. “Queremos que accedan a las bancas las mujeres que tienen trayectoria partidaria, que hayan aportado al partido, que conozcamos su pensamiento y que coincida con los principios fundamentales del radicalismo”, enfatizó.

También cuestionó la base técnica de la iniciativa: “Si vas a elaborar un proyecto tenés que informarte de la mejor manera, si hubiera estado informada jamás podría haber redactado un proyecto de esta característica”.

Para Tate, el punto más grave es el contexto en el que aparece la propuesta. “Las mujeres no se animan o muchas veces no pueden denunciar o retractarse porque son objeto de presiones del agresor, es muy peligroso obstaculizar la denuncia en un momento en que los femicidios crecen de una forma horrorosa y que la violencia de género se incrementa. Cuando los ejemplos de violencia se dan desde los lugares más prominentes desde la política, se ha desarmado toda la institucionalidad de género y se han dado de baja la mayoría de los programas nacionales dirigidos a prevenir la violencia, este proyecto es muy peligroso. En Santa Fe se mantuvieron todos los programas, es absurdo que desde una provincia con una política de género tan clara una senadora presente esto”, criticó.

Denuncias falsas: una bandera sin respaldo estadístico suficiente

Uno de los argumentos más fuertes contra el proyecto es estadístico. Según datos recabados por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, en 2023 se dictaron 23.419 sentencias condenatorias en Argentina. De ese total, de acuerdo con información proporcionada por la Dirección Nacional de Reincidencia, los casos de falsa denuncia y falso testimonio en todas sus modalidades fueron 60. Es decir, representaron el 0,25% del total de sentencias dictadas ese año.

“Los datos que existen demuestran la absoluta marginalidad y por lo tanto su irrelevancia político criminal”, advirtió el Inecip junto a decenas de organizaciones que publicaron un documento contra la iniciativa de Losada.

El contraste con los datos sobre violencia de género y delitos sexuales es el corazón del rechazo. Según la Corte Suprema de Justicia, solo el 18% de las víctimas de femicidio hizo una denuncia previa en 2023. En delitos contra la integridad sexual, la Encuesta Nacional de Victimización del Indec registró que solo el 12,5% de los delitos sexuales se reportan.

Para quienes se oponen a la propuesta, esos datos muestran que el problema principal no es la supuesta proliferación de denuncias falsas, sino el bajo nivel de denuncia y las barreras que enfrentan las víctimas para acceder a protección judicial efectiva.

El origen de la cruzada contra las “denuncias falsas”

El proyecto de Losada se inscribe en una agenda que tomó fuerza en los últimos años. En 2021, cinco jugadoras de la selección argentina de fútbol denunciaron al entrenador Diego Guacci por acoso y abuso sexual. Algunas de las frases adjudicadas al entrenador formaron parte de la investigación de la FIFA, aunque el Comité de Ética terminó cerrando la causa por considerar que las pruebas eran insuficientes.

Las jugadoras continuaron denunciando hostigamiento y abuso, pero terminaron abandonando la Selección. Guacci, en cambio, se convirtió junto a su esposa en una referencia de la cruzada contra las “denuncias falsas”. Andrea Guacci, quien tomó el apellido de su esposo, fundó un año después el Frente de Mujeres Argentinas contra las Denuncias Falsas.

No fue un caso aislado. Según un relevamiento colaborativo de la Federación Nacional Red de Medios Digitales, a partir de 2021 se multiplicaron organizaciones, fundaciones y grupos de abogados que comenzaron a alertar sobre una supuesta emergencia de denuncias falsas en causas de violencia de género. Para sus críticos, ese movimiento surgió como un contramovimiento frente al avance de los feminismos.

En 2022, Guacci conoció a Carolina Losada. Desde entonces, la senadora radical se convirtió en una de las principales voceras políticas de esa causa. En 2023, después de perder la interna contra Maximiliano Pullaro en Santa Fe y resultar electa senadora, empezó a encabezar audiencias itinerantes sobre supuestas denuncias falsas en distintos puntos del país.

“Están utilizando el sistema como herramienta de extorsión, amenaza, castigo o venganza”, advirtió Losada al presentar el proyecto, con el argumento de que la Justicia aplicaba sanciones sin prueba suficiente en casos de violencia de género.

El respaldo de Bullrich y la alarma de organizaciones feministas

La iniciativa obtuvo dictamen favorable en la comisión de Justicia del Senado. Patricia Bullrich, jefa del oficialismo en la Cámara alta, respalda el proyecto de Losada y confía en reunir los votos necesarios para darle media sanción.

Del otro lado, organizaciones de abogadas feministas, especialistas en derechos humanos y referentes de género se declararon en alerta. La advertencia es que una ley de estas características podría provocar un enorme retroceso en el acceso a la Justicia de víctimas de violencia de género, abuso sexual y violencia contra niños.

El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de la OEA ya había señalado en 2024 que este tipo de respuestas “lejos de fortalecer la respuesta del Estado frente a la violencia, desincentivan las demandas legítimas de justicia, protección y reparación por parte de mujeres y de sus hijas e hijos, víctimas frecuentes en estos casos y propician la impunidad y repetición de estos delitos”.