El ministro de Gobierno de Formosa, Jorge González, acusó a sectores que no identificó de “desinformar” sobre el conflicto que mantiene una comunidad toba del norte provincial, que fue reprimida por la policía días pasados, y sostuvo hay quienes “pretenden lucrar políticamente” con esos sucesos, que costaron la vida a dos personas.

El ministro publicó una solicitada en los diarios de la  provincia, sin identificación del gobierno y sólo con su firma, en la  que procura explicar la postura oficial sobre el conflicto en torno  del reclamo de tierras de un sector de la colonia La Primavera,  pero evitó mencionar los dos muertos que causó la acción policial  durante una protesta.

“Ante los hechos que son de público conocimiento y el intento  de algunos sectores por desinformar tergiversando la realidad de  los sucesos”, sostuvo como preámbulo al detalle de los hechos  históricos que dan cuenta de que la comunidad toba en conflicto posee  título de propiedad de sus tierras desde 1985.

El ministro formoseño indicó que “en ningún momento la  comunidad de La Primavera fue afectada en las tierras de su propiedad  comunitaria”.
En tanto, el predio que reclama, situado junto a sus tierras,  se encuentra a nombre de un chacarero criollo de apellido Celía.

Pero González, quien por su cargo es el jefe político de la  Policía de Formosa, no mencionó la represión de la que fueron objeto  los manifestantes toba, durante la cual murió un joven uniformado  y un integrante de esa comunidad aborigen.

“Es importante conocer la verdad, desenmascarar a quienes  pretenden lucrar políticamente con un hecho que nos duele a todos.  Solo la verdad nos hará libres”, manifestó el funcionaron.
Hace una semana, un grupo de aborígenes fue desalojado por la  policía de un predio que reclaman para sí por derecho ancestral y  también de la ruta nacional 86, que cortaban desde hace cuatro  meses, para sostener esa demanda.

En el hecho, murió el oficial Ever Falcón, de 34 años, y el  aborigen Roberto López, de 52.
González fue durante años integrante del Equipo Nacional de la  Pastoral Aborigen de la Iglesia Católica y, como tal, intervino  en las comisiones de la Convención Nacional Constituyente de 1994,  en Santa Fe, donde quedaron plasmados los derechos de los pueblos  originarios en la nueva carta magna.

Por otra parte, la fiscal Gloria Rejala, de Clorinda, que  investiga los hechos del martes, comenzará hoy a tomar declaración a  numerosos testigos. (DyN)