La Legislatura de Mendoza derogó ayer la ley 9.209 que reemplazaba a la 7.722 y que permitía el uso de cianuro y ácido sulfúrico para darle vía libre a la minería a cielo abierto.

La norma, que había sido impulsada por el gobernador Rodolfo Suárez ni bien asumió su mandato, desató una convulsión social en la provincia.

Para que el clima de tensión no se agravara, el mandatario provincial, después de que la norma fuera promulgada en el Boletín Oficial el pasado 24 de diciembre, decidió dar marcha atrás el viernes último y anunció que la iba a derogar.

Dicho proyecto de derogación ingresó ayer en la Cámara Alta provincial para ser tratado sobre tablas, y los senadores le dieron media sanción, por 34 votos afirmativos, y dos en contra.

Los dos votos en contra son de las senadoras Hilda Quiroga (PJ) y Gladys Ruiz (Cambia Mendoza), ambas representantes de Malargüe, el departamento del sur provincial, que es netamente minero.

La legisladora peronista, en su alocución en el recinto, afirmó: "Pedimos solidaridad, somos capaces de hacer minería con los controles de los países más avanzados del mundo", afirmó.

En tanto, la senadora macrista cargó contra el resto del recinto que apoyó la derogación, y citando un pasaje bíblico, sentenció: "Si a Jesús lo crucificaron diciendo que quería salvar al mundo, digo lo mismo que él: «Perdónalos, Señor, no saben lo que hacen»".

Al tener media sanción por parte de la Cámara Alta, la norma fue girada a la Cámara de Diputados para que sea tratada sobre tablas, y tras un debate "express", la Cámara Baja le dio sanción definitiva a la derogación de la "ley minera", y volver a "fojas cero".

Por lo tanto vuelve a regir la ley 7.722, que ahora debe ser promulgada por el Ejecutivo, y publicada en el Boletín Oficial para que tenga plena vigencia.

La derogación a la ley 9.209 se votó por amplia mayoría en el recinto, pero contó con tres votos negativos de legisladores pertenecientes al oficialista interbloque Cambia Mendoza, los de los diputados Guillermo Mosso (PD), Hebe Casado y Gustavo Cairo (PRO), a la vez que hubo un diputado ausente.

En cambio, el intendente de la ciudad mendocina de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, afirmó ayer que ese distrito "tiene su licencia social para explotar y hacer minería".

Ojeda se reunió con el vicegobernador Mario Abed para explicar cuál es la incidencia para su departamento, situado a 420 kilómetros al sur de la capital provincial, de la derogación de la ley 9.209, que permitía el desarrollo minero en la provincia.

"La idea es tener una comunicación más directa, Malargüe tiene su licencia social para explotar y hacer minería", sostuvo.

"Malargüe nace en base a la minería y luego al petróleo. Vemos que hoy es entendible la situación del gobernador (Rodolfo Suárez) porque hay que garantizar la paz social. Los dirigentes estamos para representar las ideas de los vecinos. Nos solidarizamos con el gobernador, y lo felicitamos por la escucha activa de la situación", afirmó Ojeda.

El intendente destacó que su departamento "está preparado y vamos a trabajar para que pueda explotarse, no sólo con minería de primera categoría, sino que tenemos que ir en busca de un desarrollo genuino de la minería también de segunda y tercera categoría".