La propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, explicó que la iniciativa tiene tres ejes: "Aquel que cometió un delito en su país, no entra en la Argentina; aquel que comete un delito estando en la Argentina será expulsado de manera rápida (en un plazo de tres meses), y aquel que ya cometió un delito hay que esperar a la mitad de la condena, pero inmediatamente se le va a sacar su residencia".

La funcionaria explicó que hasta ahora "la Policía Federal tenía una herramienta de Interpol donde figuran todas las capturas de personas prófugas de todo el mundo, pero eso no estaba online en ninguna frontera. Es decir que a la Argentina entraba cualquiera que tenía una condena grave y uno se enteraba cuando la persona ya se había ido".

Según datos de Migraciones, durante el 2016 se otorgaron 215.000 radicaciones (entre temporales y permanentes) y se dan 28.000 turnos para realizar el trámite por mes.

Los dichos de la ministra Bullrich sobre los extranjeros presos por narcotráfico fueron ayer motivo de roces políticos con el gobierno de Bolivia, al que Frigerio le recordó la "buena predisposición migratoria de la Argentina".

El cónsul de Bolivia en la Argentina, Jorge Tapia Sainz, advirtió: "Estamos indignados con estas apreciaciones. Altas autoridades del Estado argentino están hablando con una ligereza que nos alarma. Nos indigna que venga de una alta funcionaria del gobierno argentino".

"Nosotros damos antecedentes penales y policiales para la radicación porque la ley argentina nos obliga a ello. Cualquier antecedente penal evita tener un trámite radicatorio en la Argentina. Nos llama la atención la generalización", señaló el cónsul, que además anticipó que a través de la Cancillería se tratará una protesta formal por las apreciaciones de la ministra.

No obstante, Frigerio recordó una política en particular que, según él, Bolivia aplicaba con los viajeros argentinos y tras hacer hincapié en el "permanente contacto" con ese país, agregó: "Sé además que han terminado ahora con la medida ésa de poner un sello en los pasaportes argentinos que establecía «no puede trabajar ni estudiar»".