La Organización de Naciones Unidas instó al gobierno argentino a “garantizar” la aplicación de la Guía para la Atención Integral de Abortos No Punibles, que el Ministerio de Salud negó haber elevado a resolución, y pidió que “revise” la legislación que tipifica como delito la interrupción del embarazo.
  El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por su sigla en inglés), que monitorea el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres, pidió al gobierno que presente en dos años “información escrita” sobre las medidas para el cumplimiento de esas recomendaciones.
  “El Estado debe garantizar que la Guía para la Atención Integral de casos de Abortos No Punibles sea aplicable en todo el país de manera uniforme, así como el acceso efectivo a servicios de salud en casos de interrupción del embarazo”, sostuvo el texto difundido ayer por organizaciones no gubernamentales.
  La actualización de la Guía para la Práctica de Abortos No Punibles, destinada a profesionales de la salud, vigente desde 2007, provocó una polémica en julio último cuando el Ministerio de Salud negó haber elevado a resolución las recomendaciones presentadas con esa categoría ante el Cedaw.
  La guía prevé la práctica del aborto en casos de violación con la sola exigencia de una declaración jurada o una denuncia policial de la mujer.
  “El Comité también insta al Estado a que revise la legislación vigente que tipifica como delito el aborto, con graves consecuencias para la salud y la vida de las mujeres”, advirtió el documento.
  El organismo, asimismo, pidió al gobierno que “adopte todas las medidas necesarias para reducir aún más la alta tasa de mortalidad materna” y manifestó “preocupación por la tasa de embarazo de adolescentes niñas y la mortalidad materna, un tercio de la cual es causada por el aborto ilegal”.
  En ese sentido, reclamó que “garantice el acceso de mujeres y adolescentes a servicios de salud, incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva”, y pidió “procurar que la educación sobre salud sexual y reproductiva se lleva a cabo en todas las escuelas en todos los niveles”.
  El informe, elaborado como respuesta al expuesto el 13 de julio último por el gobierno y organizaciones no gubernamentales sobre la situación de los derechos humanos de la mujer en el país, reclamó que se “acelere la adopción y aplicación” en las provincias de la ley integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género.
  El reporte, por otra parte, “lamentó” que “no fue castigada” la violencia sexual cometida contra mujeres en centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar y pidió “reparaciones a las víctimas”.
  El organismo, en tanto, reclamó que el gobierno “siga intensificando esfuerzos” contra la trata de personas y destacó la “necesidad” de trabajar en los ámbitos provinciales y municipales, “especialmente en el norte de Argentina y en las zonas nororientales, donde hay más grupos de riesgo”.
  Entre los avances logrados por el gobierno, se destaca la participación política de mujeres y expresó “satisfacción porque una mujer ha sido elegida presidenta”.
  Remarcó que “la cuarta parte de los ministerios están encabezados por mujeres y que el 22 por ciento de designaciones a nivel de secretaría de Estado son mujeres”, pero advirtió las “diferencias en las provincias”.
  El informe fue difundido por la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (Feim), Católicas por el Derecho a Decidir, Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y la Comisión Provincial por la Memoria, entre otras.

“ONU Mujeres”. Un nuevo organismo comenzará a funcionar en enero de 2011 y unificará a las cuatro entidades de la ONU que se ocupan de cuestiones de género, anunció ayer Gladys Acosta, funcionaria de la organización internacional.
  Al inaugurar ayer la Primera Reunión de Género de la ONU del Cono Sur en Buenos Aires, Acosta señaló que “ONU Mujeres es la conclusión de diez años de lucha en la comunidad internacional para obtener un organismo dedicado totalmente a la promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres”.
  El organismo tendrá un presupuesto inicial de 500 millones de dólares anuales, y unificará la Oficina de la Asesora del Secretario General de la ONU para Cuestiones de Género (Osagi), la División para el Avance de la Mujer (DAW), el Instituto de la ONU para investigación en capacitación en cuestiones de género (Instraraw) y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem). l (Télam y DyN)