El gobierno informó hoy que la Organización de las Naciones Unidas (ONU)  destacó al servicio penitenciario argentino por su rol “creativo e innovador”, y aseguró que las reformas aplicadas podrían convertirse en “un ejemplo de buenas prácticas para otros países”.

Al mismo tiempo, dos organizaciones sociales que encaran tareas con las personas detenidas denunciaron que algunas de ellas fueron impedidas de visitar a sus hijos pese a que contaban con autorización judicial para hacerlo.

Según el Ministerio de Justicia, la ONU destacó a través de un informe de su Oficina contra la Droga y el Delito (UNODC) que “el Servicio Penitenciario Federal (SPF) ha sido muy creativo e innovador en la búsqueda de soluciones para mejorar las condiciones carcelarias”.

Representantes del organismo internacional viajaron en julio pasado a la Argentina para evaluar los programas de aplicados en las cárceles federales, entre ellos los de Salud, prevención y tratamiento de las adicciones y el sida.

El estudio, de acuerdo a un comunicado oficial de Justicia, concluyó que “la salud y la calidad de vida de las personas en las prisiones se ha convertido en una clara prioridad de la administración penitenciaria”.  Además, señaló que las reformas aplicadas podrían convertirse en “un ejemplo de buenas prácticas para otros países”.

El ministro de Justicia, Julio Alak, dijo que el informe, que fue publicado el jueves en Viena, destacó que “el programa de género es una de las mejores prácticas ya reconocidas internacionalmente”. Según Alak, el informe “revela el constante esfuerzo realizado desde 2003 para que el Servicio Penitenciario Federal sea un auténtico ejemplo de respeto y vigencia de los derechos humanos”.

Por su parte, la Asociación Civil Familiares de Detenidos en Cárceles federales y el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (Cepoc) afirmaron que el SPF “viola los derechos de los niños y niñas”. Las organizaciones mencionaron en un comunicado que en los últimos dos meses recibieron “tres denuncias en las que se evidencian brutales violaciones a los derechos de hijos e hijas de personas privadas de libertad”. (DYN)