El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, sobreseyó a familiares y allegados de Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en una investigación por presunto lavado de dinero que se había iniciado en Santiago del Estero, provincia donde se concentra buena parte de las empresas vinculadas al dirigente.

La resolución alcanzó a trece personas y seis sociedades relacionadas con el entorno familiar de Toviggino. Entre las empresas mencionadas en el expediente figuran HR SRL, Barwa SRL, Bori SRL, DCT SRL, WiCA SAS y Vandap SAS. El magistrado fundamentó su decisión en la falta de impulso de la acusación fiscal.

La causa había comenzado a partir de una investigación del fiscal santiagueño Pedro Simón, quien había señalado a dirigentes de la AFA por una presunta asociación ilícita y una maniobra de lavado de activos que, según su hipótesis, se habría desarrollado desde 2018.

De acuerdo con el planteo del fiscal, los fondos que habrían sido incorporados al circuito ilegal tendrían tres posibles orígenes. Por un lado, una presunta defraudación contra la propia AFA. Por otro, la supuesta evasión de impuestos mediante maniobras destinadas a ocultar ante el organismo recaudador el monto real de las obligaciones fiscales, entre ellas la utilización de facturas presuntamente apócrifas.

El tercer mecanismo señalado estaba relacionado con la falta de liquidación de divisas y la adquisición de moneda extranjera por fuera del mercado oficial.

En el marco de esa investigación, Simón había solicitado las indagatorias y la detención del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y de Toviggino. Además, había imputado a otras 26 personas, entre ellas dos hijos del tesorero de la AFA, su hermano Darío Fabián, su exesposa María Julia Del Castillo Orellana y su actual pareja, María Florencia Sartirana.

El expediente tuvo luego un recorrido judicial particular. El juez federal de Santiago del Estero Sebastián Argibay había rechazado la denuncia el mismo día en que regresó de sus vacaciones. Sin embargo, posteriormente fue apartado de la causa luego de que se conociera una operación inmobiliaria: su hija le había vendido una propiedad al hermano de Toviggino en julio de 2024.

La decisión de Argibay quedó entonces bajo revisión y todo indicaba que la Cámara Federal de Tucumán podía dejarla sin efecto. No obstante, el fiscal general de esa jurisdicción, Rafael Vehils Ruiz, desistió del recurso presentado por el fiscal de primera instancia, lo que modificó el curso del expediente.

Finalmente, la investigación quedó radicada ante González Charvay, el mismo magistrado que intervino en una causa vinculada con los presuntos testaferros de una mansión ubicada en Pilar.

En ese contexto, y bajo el argumento de que “no hay impulso fiscal”, González Charvay resolvió dictar el sobreseimiento de los familiares y allegados de Toviggino alcanzados por la investigación, además de las seis empresas vinculadas a su entorno familiar.