Este jueves generó sorpresa al conocerse la información de que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), tras detener a tres integrantes del grupo Revolución Federal en el marco de una causa judicial que instruyó el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, hay una cuarta persona buscada y se trata de Sabrina Basile, hija del reconocido entrenador de fútbol Alfio Basile.

En la mañana de la jornada fue allanado el domicilio del entrenador en busca de Sabrina, quien no se encontraba en el lugar, donde los efectivos policiales fueron recibidos por el propio director técnico.

Sabrina Basile había sido parte de varias movilizaciones en contra del Gobierno, incluso la grabaron escrachando al dirigente Juan Grabois en la puerta del Congreso y en Casa de Gobierno.

Además, estuvo en el cacerolazo que se había hecho en la residencia de Olivos el fin de semana en que renunció el ex ministro de Economía, Martín Guzmán, y se anunciaba la asunción de Silvina Batakis. Ese domingo a la noche, el jefe de Gabinete Juan Manzur y la portavoz Gabriela Cerruti decidieron suspender el diálogo con la prensa por la presencia de esos caceroleros.

La hija del entrenador había denunciado el año pasado que su madre no se había contagiado de Covid y atribuyó su muerte a que se había cerrado la importación de la droga que usaba.

Según trascendió, en diálogos de Revolución Federal registrados el twitter-space del 23 de agosto, el día que Cristina Kirchner habló desde el Senado después del final del alegato del fiscal Diego Luciani en la causa de la obra pública, Sabrina Basile dijo que “hay que hacerles frente porque a esta gente son como neo-montoneros, por eso estamos convocando para salir a la calle y que pase lo que pase”.

La causa que apunta a Revolución Federal investiga si esta agrupación que se creó durante este año si públicamente “se incitó a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación” como una forma de intimidación pública.

El juez Martínez De Giorgi ordenó este jueves once allanamientos en distintos domicilios y empresas. Entre ellas figura la firma Caputo Hermanos y las sedes de los fideicomisos que se usaron para que esa empresa le entregara fondos de Jonhatan Morel y otros allegados. La empresa aseguró que se trató de trabajos de carpintería, pero esa es una de las cuestiones que están intentado esclarecer el juez y el fiscal Gerardo Pollicita.

La vicepresidenta Cristina Kirchner fue aceptada esta semana en la causa como querellante en esta investigación, y busca que se investigue el financiamiento de esta agrupación.