Un fallo de la Cámara del Crimen, en la ciudad de Buenos Aires, estableció que la prostitución ejercida voluntariamente por una persona en un ámbito privado es una actividad "lícita", siempre y cuando no haya trata ni explotación de personas.

La resolución fue adoptada ante una denuncia de la dirección de inspección general del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del gobierno porteño, ante la aparición de carteles pegados de manera informal en el mobiliario urbano porteño con ofertas de sexo y teléfonos de contacto.

La causa se inició en diciembre de 2011 "ante la fijación indebida de anuncios publicitarios en distintos mobiliarios urbanos", según sostenía la acusación.

La demanda de la administración macrista apuntaba que "se puede inducir la posible infracción a la ley de profilaxis" y aclaraba también que "se intentó localizar al infractor".

La denuncia se refería a un caso puntual pero numerosos espacios públicos de Buenos Aires están invadidos de publicidad con oferta de sexo en departamentos y viviendas privadas.

El juzgado en lo correccional número ocho dispuso tareas de "inteligencia", que consistieron en identificar a los titulares de los números telefónicos y en enviar espías a tocar el portero eléctrico del departamento identificado como lugar donde se concretaban los encuentros.

Donde finalmente se comprobó que había tres mujeres argentinas mayores de edad, a través del intercomunicador una voz "manifestó que los servicios eran de 80 pesos la media hora y hasta 200 pesos la hora aproximadamente".

El juzgado de primera instancia, y luego la sala primera de la Cámara del Crimen, confirmaron que "no surgen motivos para presumir que en el domicilio citado se esté violando la ley de profilaxis", pues "sólo puede deducirse que en el lugar habría tres mujeres que estarían brindando servicios sexuales a cambio de dinero".

El fenómeno de los "privados". El fallo roza un costado de un problema moderno en las ciudades, que es la proliferación de los denominados "privados" (departamentos alquilados para ofrecer sexo a cambio de dinero) en los edificios.

Numerosos propietarios ven alterada la vida de sus familias a partir de los inconvenientes que no pueden desligarse los "privados", esto es: puertas de ingreso que se abren hasta muy pasada la medianoche; personas extrañas en los ascensores y los palieres; ruidos molestos y demás.

En ningún momento los jueces abocados a la causa porteña analizaron estos problemas; en realidad, la denuncia trata de otra cosa. Pero de todas maneras, y más allá de si puede sentar o no jurisprudencia, se podría advertir hacia el futuro que desde el punto de vista de la ley de profilaxis será difícil poder atacar a los "privados".

Los camaristas Luis Bunge Campos y Gustavo Bruzzone sostuvieron: "La actividad que allí se desarrollaría sería lícita, toda vez que no existe ni el menor indicio de la existencia de persona alguna que explote, promueva o facilite la prostitución".

El tribunal rechazó incluso un pedido de la fiscal Nancy Olivieri para que fueran intervenidos los teléfonos promocionados en los carteles publicitarios.

"Las medidas de prueba solicitadas por la acusadora implican la restricción de garantías constitucionales. La ausencia de motivos que las justifiquen debidamente, imponen su rechazo", replicó el tribunal.