Integrantes de la comunidad qom mantuvieron hoy un corte parcial en avenida 9 de Julio para reclamar la restitución de tierras en la provincia de Formosa, mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió al Estado “garantizar la vida y la integridad física” de esas personas.

Los representantes aborígenes advirtieron que mantendrán la medida por “tiempo indeterminado” y volvieron a reclamar una audiencia con la presidenta Cristina Fernández y el cumplimiento del acuerdo alcanzado el 30 de diciembre con el gobierno nacional.

Félix Díaz, representante de la comunidad, dijo hoy en declaraciones a la prensa que presentaron “varias notas pidiendo audiencia a la presidenta, pero hasta ahora no hemos obtenido respuestas”.

“Miedo ya no tenemos, porque ya nos han hecho quedar así como estamos, desarticulados, sin acceso a la salud, sin casa. Hemos superado ese obstáculo tan complicado que es el miedo. Somos concientes de que el derecho está a favor nuestro”, manifestó.

Los aborígenes qom mantienen un campamento a la altura del barrio porteño de Monserrat para reclamar a los gobiernos nacional y de Formosa la restitución de sus tierras, de las que fueron desalojados luego de una represión policial en la que murieron dos personas.

Los manifestantes, un grupo de los cuales realiza una huelga de hambre, iniciaron la protesta con corte parcial de tránsito ayer en 9 de Julio y Avenida de Mayo. “Basta de violar los derechos humanos”, consigna una de las pancartas de los aborígenes encabezados por Díaz, que pasaron la noche en el lugar y advirtieron que se quedarán allí “por tiempo indeterminado”.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) informó que la CIDH concedió el jueves las medidas cautelares solicitadas por la comunidad qom, con el patrocinio de la Defensoría General de la Nación y el propio Cels.

Para la comisión, el Estado argentino debe proteger a los indígenas “contra posibles amenazas, agresiones u hostigamientos por miembros de la policía, de la fuerza pública u otros agentes estatales”. Asimismo, exhortó al Estado a garantizar el retorno a Formosa del referente de la comunidad, Díaz, y de su familia, en condiciones de seguridad.

El fallo reclama al Estado “garantizar la vida y la integridad física” de la comunidad qom La Primavera e informar sobre “las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares”.

Las medidas cautelares fueron solicitadas tras el desalojo y represión que se produjeron los días 23 y 24 de noviembre de 2010 en Formosa. En esa represión murieron dos personas, entre ellas un policía, hubo numerosos heridos y fueron perseguidos y detenidos niños, niñas, embarazadas y ancianos de la comunidad.