El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), Ricardo Echegaray, reclamó hoy a la dirigencia política y a la agropecuaria, una condena “contundente” al trabajo esclavo y la explotación infantil.

“Espero una condena categórica, contundente, en especial de la dirigencia rural, de los legisladores y también de la oposición, y que en esto acompañen al Gobierno y a la Argentina toda. No podemos soportar situaciones de servidumbre laboral en el siglo XXI” afirmó el funcionario en declaraciones radiales.

"La tarea de la Afip es recaudar impuestos, pero cuando detecta situaciones de servidumbre laboral las denuncia, y es entonces la Justicia la que debe actuar", explicó Echegaray. Según el funcionario cuando se detectan situaciones como la denunciada “más que satisfacción, es un trago muy amargo, no se  puede digerir esta situación espantosa”, del trabajo esclavo.

Echegaray aludió a los operativos realizados en los partidos bonaerenses de Azul y Salto, donde se detectaron casos de trabajo esclavo y menores de edad trabajando, sin registrar. “Ellos -las grandes empresas- alegan que lo hace una empresa tercerizada. Esto es insoportable, y debería ser condenado categóricamente, pero no escuche las voces de la oposición, ni de la dirigencia rural” se lamentó el titular de la Afip.

En el caso de Azul, los trabajadores eran empleados por productores y contratistas para la recolección de papa, y trabajaban en los establecimiento rurales “Mirasoles” y “La Emma”, donde además se detectó menores de edad trabajando.

En el Partido de Salto, los trabajos consisten en la  refloración del maíz, para la empresa de servicios eventuales Rural  Power SA, empresa contratada por Pioneer Argentina. Los contratados  realizan tareas en la Estancia Segade, de lunes a lunes 9 horas  diarias, a razón de $ 3,50 por hora, sin francos . Esos trabajadores informaron a los inspectores de la AFIP que  en el inicio de las tareas, en noviembre de 2010, cobraron un  anticipo en efectivo, y el resto lo cobrarán al final de la  campaña. Desconocen documentación firmada al comienzo de la  relación, y si poseen o no obra social y aportes previsionales,  según datos del organismo fiscalizador.(Télam)