El juez penal de Bariloche Martín Lozada investigará a unos cien policías que intervinieron en los disturbios posteriores al crimen de Diego Bonefoi, de 15 años, baleado por el cabo de policía Sergio Colombil, en los que también fueron asesinados a escopetazos otros dos jóvenes.
  La investigación fue reclamada por el fiscal Marcos Burgos al promover ayer una acción penal en la causa de la muerte de Nicolás Carrasco, de 16 años, y Sergio Cárdenas, de 29, quienes murieron en el hospital tras quedar gravemente heridos por perdigonadas de plomo, durante los enfrentamientos entre manifestantes y policías.
  Los crímenes ocurrieron el jueves 17 de junio último, luego de la madrugada en la que el cabo asesinara a Bonefoi de un balazo en la nuca.
  El fiscal Burgos comenzó las investigaciones de los tres homicidios en simultáneo, pero en los casos de Cárdenas y Carrasco no pudo elevar actuaciones al no hallar sospechosos.
  Según funcionarios policiales, los uniformados actuaron ante los ataques de manifestantes con “armas no letales”, como escopetas con postas de goma y gases lacrimógenos, en tanto que familiares de las víctimas aseguraron que los jóvenes fueron asesinados por miembros de la brigada antimotines (Bora).
  Ante la falta de elementos para señalar a alguien, Burgos pidió a Lozada que investigue a la totalidad de los efectivos que participaron en los incidentes, que según la policía fueron más de cien, incluidos los jefes.
  Por otra parte, en la causa de Bonefoi la Justicia informó que el caso quedará a cargo del juez Miguel Angel Gaimaro Pozzi, quien luego de tomar indagatoria a Colombil se había excusado por razones de “honor”, ante publicaciones periodísticas que lo sindicaban como engranaje de la “corporación judicial”.
  Gaimaro había reemplazado a su vez a Lozada, quien fue apartado por la Cámara Segunda, en un fallo en el que lo acusó de no poder garantizar la imparcialidad del proceso.
  Trascendió que entre las próximas medidas el juez citará a declarar a los dos chicos que estaban con Bonefoi poco antes de su asesinato, cuando —según la policía— habían robado una garrafa en una iglesia del barrio ubicado en los Altos de la ciudad.
  En tanto, Marcelo Ganuza, abogado del cabo detenido, sostiene que su defendido “tenía un equipo defectuoso” y que por eso se le escapó el disparo que terminó matando al chico.  (Télam)