Una mujer cobrará 19 mil pesos más intereses por una demanda que le hizo al Registro Civil de la provincia de Mendoza, debido a que se casó con un hombre que ya estaba casado, y el organismo no advirtió la irregularidad, confirmaron fuentes judiciales. El gobierno mendocino niega responsabilidades sobre la cuestión y adelantó que apelará el fallo.

La mujer demandó al Registro Civil porque no advirtió que el hombre, con quien se casó en 2003, y con quien un año más tarde tuvo una hija, ya tenía un matrimonio anterior con otra mujer en Córdoba, por lo tanto el organismo oficial la hizo contraer enlace con un bígamo.

El matrimonio se realizó el 10 de septiembre de 2003 en el Registro Civil de La Estanzuela, en el departamento de Godoy Cruz, a muy pocos kilómetros de esta capital provincial, en una zona de bajos recursos, y luego, en mayo de 2004 nació la hija de ambos.

Al mes siguiente, la mujer encontró entre las pertenencias de su esposo, una foto y una carta de amor de la mujer cordobesa, y el bígamo se tuvo que marchar del hogar mendocino.

Fue entonces que la mujer decidió demandar al Estado por 86.000 pesos, aunque la Justicia, después de siete años, le reconoció sólo 19.000 pesos.

La exigencia judicial de la mujer mendocina ascendía a 30.000 pesos por daño psicológico, y 50.000 por daño moral, acusando una depresión neurótica grado III y un trastorno espiritual.

El juez Sebastián Márquez Lamená, a cargo del Segundo Juzgado Civil, aceptó que la mujer sufrió gastos para anular el matrimonio, otorgándole 4.000 por ese daño material, más las costas, pero rechazó los otros cargos.

El subsecretario de Relaciones Institucionales y Asuntos Municipales, Ariel Pringles, confirmó que el Estado apelará la condena, aseguró que el Registro Civil no es el responsable de chequear si alguien está apto para casarse, y que además existen los testigos que aportan los contrayentes, que deberían haber chequeado si el hombre estaba apto para el casamiento.

El juez Márquez Lamená rechazó las excusas oficiales, y en ese tema falló a favor de la demandante, argumentando en su resolución que "hubo una omisión antijurídica por parte del Estado".