El juez federal Daniel Rafecas identificó un inmueble que habría funcionado como centro clandestino de detención en la última dictadura cívico militar en el barrio porteño de Floresta y dispuso la “prohibición de innovar” para que no sufra alteraciones, además de ordenar un registro fílmico y fotográfico del sótano del lugar.

   La vivienda es actualmente una casa de familia y está ubicada en la misma manzana en la que funcionó el centro clandestino de detención Automotores Orletti, informaron fuentes judiciales.

   En el lugar hay un pequeño sótano en el cual habrían sido alojados secuestrados, según testimonios brindados en la causa penal.

   Según la pesquisa, en el lugar ubicado en Bacacay 3570 habría funcionado un centro clandestino de detención dependiente de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado en la dictadura, al mando del fallecido general del Ejército Otto Paladino.

   La investigación es parte de la megacausa por violaciones a los derechos humanos cometidos en el ámbito del Primer Cuerpo del Ejército, vinculada a delitos de lesa humanidad en el centro de detención Automotores Orletti, en Floresta.

   El centro clandestino de la calle Bacacay habría funcionado con anterioridad o en simultáneo a Orletti, y su existencia se supo por testimonios de sobrevivientes que hasta el momento no habían podido precisar su ubicación exacta.

   Pero el juzgado recibió documentos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos sobre la dictadura en Argentina y allí se hizo mención precisa al domicilio ahora identificado.

   El inmueble habría sido alquilado por la Side hasta 1977, cuando se vendió.

   Los testimonios en la causa indican que las víctimas “eran introducidas encapuchadas, alojadas en habitaciones precarias o en el pequeño sótano de la propiedad, y sometidas a torturas con picana en una habitación acondicionada para ello”, explicaron fuentes del caso.Además, “no se descarta que este sitio haya servido también para las operaciones del llamado Plan Cóndor, no sólo por su vinculación con Automotores Orletti sino porque el relato de una de las víctimas da cuenta de que allí se alojaban detenidos uruguayos”, se agregó.

   En la causa hay declaraciones de dos víctimas, concretadas en forma remota durante el período de aislamiento social preventivo y obligatorio por el coronavirus, que describieron el inmueble de manera coincidente. Además, los compradores de la casa en 1977 fueron ubicados y declararon en el juzgado que cuando ingresaron a la propiedad “encontraron en el sótano unos zapatos de mujer sucios y de color rosa viejo y también zapatos de hombre”.

En este sentido, el juez federal Daniel Rafecas consideró como “un descubrimiento muy importante” el hallazgo del centro clandestino de detención en Floresta. “Hicimos un descubrimiento importante para avanzar en las investigaciones. Veníamos con muchos testimonios que nos indicaban que existió un centro clandestino de detención que dependía de la Side y que estaba muy cerca de Automotores Orletti, otro lugar de reclusión por el cual hubo un juicio que terminó con más de 12 condenados. Pero hasta el momento no podíamos descubrir dónde se encontraba”, sostuvo Rafecas en diálogo con AM 750.

   Rafecas, nominado por el Poder Ejecutivo a ocupar el cargo de Procurador General de la Nación, tiene como juez federal hace 15 años la instrucción de la causa bonaerense.

   El juez explicó que el lugar se identificó porque “gracias a un trabajo en conjunto con el equipo argentino de Antropología Forense y testimonios de las víctimas del terrorismo de Estado logramos ubicar ese lugar que era una vivienda con sótano en la calle Bacacay, en el barrio de Floresta”.

   El centro clandestino de detención estaba ubicado en Bacacay 3570, y el magistrado consignó que “funcionaba como una casa orgánica de la Secretaría de Inteligencia (Side) en la época de la dictadura donde estuvieron cautivos, torturados y luego desaparecidos”.

   El magistrado aclaró que están haciendo una serie de citas testimoniales y de reconocimientos de muchas víctimas que pasaron por allí.

   El juez sostuvo que esa información coincide con testimonios recibidos en la causa por el centro de torturas Automotores Orletti, y con documentos desclasificados por los Estados Unidos.