Las grandes productoras de cine y televisión Fox, Disney, Paramount Pictures, Columbia, Universal, Warner Bros, HBO y hasta Telefé Argentina y Telefé España pidieron la clausura inmediata del sitio web de descargas de series y películas Cuevana, creado por jóvenes argentinos, y lograron de momento que un fiscal en Buenos Aires inicie una causa penal contra www.cuevana.tv. El martes arrestaron en Chile a uno de los administradores, Cristian Alvarez, luego liberado.

El crecimiento exponencial del sitio creado en 2009, que llega a tener 15 millones de usuarios por mes y permite bajar películas y series de televisión subtituladas en español de forma gratuita, se ha tornado un dolor de cabeza para los creadores del cine mundial con sede en los Estados Unidos.

Pocas páginas en el mundo son tan populares y aceptadas por el público ordinario como Cuevana, entre otras cosas -se cree- porque los portales que comparten contenidos de esta manera suelen ser más clandestinos.

El fiscal general Ricardo Sáenz abrió una causa contra Tomás Escobar, el creador de Cuevana, y dos de sus colegas por violación de la ley de propiedad intelectual y permitir el acceso a videos sin que se pagara a sus autores.

Escobar, quien con 22 años ha expresado: "Somos un puñado de adolescentes veinteañeros combatiendo contra una industria de miles de millones de dólares", ayer explicó que el sitio no produce ganancias; sólo que cuando el tráfico de la página se disparó se hizo necesario generar ingresos para pagar servidores capaces de aguantar altas cantidades.

Fue por eso que el portal empezó a tener avisos publicitarios y recibir dividendos -dijo Escobar-, pero "cuando vimos que algunos nos criticaban por usar el portal con ánimo de lucro removimos la pauta".

Cuevana no hospeda los archivos que comparte: es un agregador que indexa vínculos de otros portales. Esta es, se dijo en su oportunidad, la ventaja que tenía el portal para evitar demandas por derechos de autor.

El inicio de la causa por parte del fiscal Sáenz se da a los tres meses de la apertura de la investigación, tras las primeras denuncias promovidas por HBO, Telefé y otras productoras.

Varios especialistas en derecho informático creen que la denuncia de las compañías marca una tendencia que se irá imponiendo en la región, que es acabar con la piratería. Pero que no es posible aventurar el cierre definitivo de Cuevana ni de otros sitios similares (aunque muchísimo menos conocidos) dada la gran presión social que existe por parte de quienes defienden la libre circulación de contenidos en internet.

Lo cierto es que el cierre de Magaupload, que sí albergaba los archivos y era una de las fuentes de contenido de Cuevana, levantó los ánimos de quienes defienden los derechos de autor.

Cuevana no es el primer sitio que comparte material privado de forma gratuita en ser demandado por violar derechos de propiedad intelectual. Famosos portales internacionales para bajar música como Napster, Kazaa y LimeWire fueron obligados a cerrar en Estados Unidos, mientras que los dueños del sitio sueco Pirate Bay -que permite intercambiar archivos de películas, series y juegos- fueron condenados a prisión en 2009 y recibieron multas millonarias.

No obstante, esos casos no tienen injerencia en la causa contra Cuevana ya que cada país tiene su propia legislación respecto a los derechos de autor.

Competidores. Tres de las principales empresas de telefonía que operan en Argentina (Telefónica, Telecom y Claro) lanzaron hace poco sus propios sitios de oferta de TV y cine online, que se contratan a través de un abono mensual. Y la mayor empresa mundial en este rubro, Netflix, también arribó a Argentina hace algunos meses.

Fernando Tomeo, abogado especialista en protocolo de internet, derecho informático y seguridad de la información, declaró ayer a la BBC que "la ley de propiedad intelectual argentina es de 1933 y no da soluciones concretas a casos como los de Cuevana en el ámbito civil"; y opinó que la última palabra la tendrá el juez al que le asignen el caso, "única persona que podría decretar el cierre" del sitio.

El fiscal Sáenz que inició la causa pide bloquear el acceso "cuando resulte que es requerido para la reproducción de las obras cuya titularidad han acreditado" las firmas denunciantes.