Durante su alegato, que finalizó ayer por la tarde, el representante del Ministerio Público entendió que las pruebas recabadas en la investigación y en los debates del juicio oral “no tiene el grado de consistencia requerido para que caiga el principio de inocencia”. Al respecto, García Elorrio agregó que ante esta realidad prima el principio de “in dubio pro reo”, lo que significa que ante la insuficiencia probatoria se está a favor del acusado.
Incluso para llegar a esa conclusión, el funcionario recurrió a dar una clase de derecho penal para explicar los elementos objetivos y subjetivos de la teoría del delito; y sobre el dolo y la culpa, pese a que se llegó a este juicio con una clara imputación.
Además, consideró que no resulta válido como prueba el Informe Final de la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación Civil de la República Oriental del Uruguay (Ciada), que determinó como una de las causas de la tragedia aérea la condición de engelamiento de los tubos Pitot que produjeron lecturas erróneas en los velocímetros.
Esto se debe a las conclusiones de una pericia ordenada por el Tribunal Oral Federal (TOF) N5, en la que la mayoría de los peritos consideraron válidas las observaciones que formuló la Junta de
Investigaciones de Accidentes de Aviación Civil de la República Argentina (Jiacc) a dicho Informe Final y, por ende, la responsabilidad de la tragedia recaía en los errores cometidos por los pilotos.
Pero uno de los peritos oficiales puesto también por el tribunal, Carlos Lupiañez, presentó su propio informe en el que sostuvo que lo sucedido fue por una falla en la aeronave.
No obstante, y en lo que a priori parece una contradicción, el fiscal decidió acusar por “falsedad ideológica” al imputado Danilo Wenk, quien era director de Certificación Aeronáutica de la entonces Dirección Nacional de Aeronavegabilidad (DNA), para quien solicitó la pena de 3 años de prisión condicional.
Esta situación, no hace más que confirmar que hubo elementos objetivos para que, en su momento, el fiscal de instrucción, Eduardo Taiano, procesara a los imputados y luego el juez Sebastián Ramos elevara la causa a juicio oral y público.
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A inicios de septiembre los abogados Norberto Caputo y Silvina Rumachella que representan a los familiares y las víctimas del vuelo 2553 de Austral habían pedido penas de entre 12 y 25 años de prisión a los imputados por el delito de estrago doloso agravado.
Ahora, el Tribunal Oral Criminal Federal 5, integrado por los jueces Daniel Obligado, Adriana Palloti y José Martínez Sobrino, deberá escuchar los alegatos de las defensas y luego tendría que tomarse unos días para emitir su veredicto.
Justamente, el tribunal es lo más temido por los familiares, ya que en lo que va del juicio que se realiza de manera virtual tuvo varios momentos desacertados, como cuando su presidente Martínez Sobrino “no dejó de mirar su celular durante una audiencia” o cuando al finalizar el alegato fiscal ayer hizo comentarios futbolísticos con los abogados defensores, algo que consideraron “una total falta de respeto”, según indicaron hoy.
Esta mañana, los familiares de las víctimas emitieron un comunicado en el que aseguraron que “el fiscal con su decisión de no acusar y pedir la absolución, consagra la impunidad y somete a las víctimas y sus familiares al más horrendo y cruel estado de indefensión”.
“Es un doloroso retroceso que ilustra acabadamente que en el fuero penal Federal de Comodoro Py no existe el estado de justicia y solo reina el estado de indefensión, con mucho olor a podredumbre”, aseguraron.
El vuelo 2.553 de Austral se estrelló el 10 de octubre de 1997 y dejó 74 muertos. El juicio recién comenzó el 24 de marzo de 2019. Según se indicó en un informe, el avión McDonnell Douglas DC-9-32 con matrícula argentina LV-WEG, que se dirigía desde la ciudad argentina de Posadas hacia la ciudad de Buenos Aires, se precipitó a tierra en la estancia Nuevo Berlín, una zona rural cercana a la ciudad uruguaya de Fray Bentos, luego de una falla con el sistema de tubo de Pitot.
La lista de imputados
Esta es la lista de los imputados por el delito de estrago doloso agravado en el juicio por la tragedia del avión de Austral que se estrelló en octubre de 1997 en Uruguay, con un saldo de 74 muertos, sobre quienes los abogados que representan a los familiares pidieron penas de entre 12 y 25 años de prisión, lo que se contrapone con la solicitud de absolución del fiscal Juan Patricio García Elorrio.
Manuel Morán Casero (entonces presidente de Austral), Mario Sruber (vicepresidente), y los directores Walter Hayas, Mario Cardoni, Gabriel Pérez Junqueira, Fernando Mayorga, Javier Monzón, Ángel Sanchís Herrero, Javier Loza de la Cruz (gerente de Área Técnica-Austral), Jorge Fernández (gerente de Mantenimiento-Austral) fueron imputados como coautores de estrago doloso agravado con pedido de penas de 25 años de cárcel.
En la misma situación se encuentran Ricardo Embón (gerente de Planeamiento e Ingeniería-Austral), Pablo Chini (gerente de Aseguramiento de Calidad-Austral), Juan Manuel Baigorria (director nacional de Aeronavegabilidad-DNA), Carlos González (director de Fomento y Habilitación-DNA), Hugo Adib (jefe división Ingeniería-DNA) y Carlos Carmenini (director de Aviación Transporte-DNA).
Al pedido de 25 años de prisión se suman Norberto Sotelo Ossa (director Aviación de Transporte- DNA), Eduardo Sánchez Ara (Coordinador del Proyecto de Certificación), Norberto Nieves (auditor de Aseguramiento de Calidad Austral), Enrique Ventura de Anchorena (gerente de Operaciones Austral).
En tanto, a los acusados Guillermo Destefanis y Juan Fortuny se los imputó por el mismo delito pero en calidad de “partícipes primarios”, por lo que pidieron 16 años y siete meses de prisión, mientras que Andrés Arribillaga (instructor Austral) fue acusado de “partícipe secundario” en el mismo delito, por quien solicitaron 12 años de prisión.
Otro tres imputados no llegaron a ser acusados porque fallecieron durante estos 24 años en que se extendió el proceso: Raúl Mújica (director de Austral), Héctor Gerling y Justo Díaz (director de Coordinación Técnica DNA).
Además, el fiscal tampoco acusó a los imputados en otras dos causas conexas, donde estaban acusado Miguel Salvioli (subgerente de Ingeniería-Austral), Norberto Verne (subgerente de Planeamiento-Austral), Claudio Gorla (inspector-DNA), Héctor Pérez (inspector-DNA), Carlos Ford (gerente de Operaciones de Vuelo-Austral), Alberto Muñoz (gerente de Logística-Austral), Rodolfo Giromini, Roberto Pignato (piloto-instructor), Ángel Esnagola (piloto-instructor) y Juan Astrada Ladrón de Guevara (inspector-DNA).