Los príncipes herederos de Holanda, Guillermo y Máxima, provocó en 2010 un incidente político conocido ahora. La pareja mandó construir una villa en Machangulo, una playa del sur de Mozambique bañada por el Indico. Las críticas no se hicieron esperar y los príncipes pusieron a la venta el complejo. Sin embargo, según el rotativo De Volkskrant, habían efectuado algunos pagos cuando comenzó la construcción a su agente inmobiliario, quien tenía una cuenta corriente en la isla de Jersey, paraíso fiscal del Canal de la Mancha.

La suma pagada no se conoce, pero el Servicio de Información holandés (que incluye la Casa Real) aclaró que los príncipes “no lucraron y pagaron los impuestos correspondientes”.

Dado que Jersey basa su economía en la exención de impuestos, la transacción acabó enfrentando al antiguo primer ministro, el democristiano Jan Peter Balkenende, con el Congreso. Encargado de gestionar los asuntos regios, el mandatario solo alertó de los pagos de Mozambique a la Comisión Secreta del Congreso, reservada para la información confidencial del Estado. Sin buscarlo, dio la falsa sensación de que los príncipes de Orange habían abonado toda la casa (aún sin vender) a través de paraísos fiscales.

No es la primera vez que los Orange son criticados por el manejo de sus finanzas. En 2009, la princesa Cristina, hermana menor de la reina Beatriz, puso la herencia de sus padres en la isla de Guernsey, otro paraíso fiscal dependiente de la corona inglesa. El dinero era gestionado por un fondo radicado en el palacio real de Noordeinde, en La Haya. Como ahora, hubo rechazo por lo desafortunado del apartado postal. Sobre todo porque la casa real holandesa figura siempre entre las familias más ricas del país. Y porque el gusto por las propiedades caras y remotas —los herederos tienen también un rancho en Argentina, tierra natal de Máxima— es lo único que parece restarles popularidad en su ruta hacia el trono. (DPA)