Escándalos y corrupción sacuden a Tartagal, a un año del trágico alud
Ahora un nuevo caso de corrupción que abarca a funcionarios del jefe del municipio desbordó las protestas, las quejas llegaron a las calles, exigen justicia y renuncias de autoridades de esa ciudad del noroeste salteño.

Domingo 07 de Marzo de 2010

Vecinos de Tartagal marcharon en la noche del jueves y mañana del viernes por el centro de en reclamo de transparencia y respuestas ante los escándalos y acusaciones de corrupción que apuntan a la municipalidad.

Desde enero de 2009, tras el alud que barrió la ciudad, dejó dos muertes, más de mil evacuados y desató un brote de dengue, se repitieron acusaciones contra el intendente Sergio "Oso" Leavy.

Ahora un nuevo caso de corrupción que abarca a funcionarios del jefe del municipio desbordó las protestas, las quejas llegaron a las calles, exigen justicia y renuncias de autoridades de esa ciudad del noroeste salteño.

El nuevo escándalo, que provocó la ira de los pobladores se agruparon el último miércoles formando una comisión de Vecinos Autoconvocados, se produjo al conocerse que el concejal Hugo Torina (FPV), hombre del intendente, se había quedado con un aire acondicionado destinado a una escuela rural afectada por el alud.

El equipo, donado por el programa Caiga Quien Caiga, escondía un GPS, lo que permitió saber dónde se ubicaba, así se descubrió que había quedado en la casa de Torina. El edil funcionario dijo que renunciaría y admitió: "Me demoré en la entrega, pero no lo robe".

Ya en octubre pasado, tras una investigación del legislativo municipal, se había resuelto la destitución del intendente.

Pero la determinación fue apelada y hoy el caso duerme en la Corte Suprema de Salta. Además, ese tribunal provincial pediría un nuevo informe al Consejo Legislativo, cuerpo, que tras ser renovado en septiembre cuanta ahora con una mayoría de miembros afines al intendente, a quien respaldan y beneficiarán. Desde hace un año las denuncias y las aguas desbordan la ciudad y no hay respuesta oficial.

El reciente 24 de junio, una nueva tormenta afectó a los barrios. "La nueva inundación que dejó 150 evacuados en Tartagal, es producto de la improvisación.

La mayoría de los afectados son los mismos que fueron víctimas del alud de febrero de 2009, para quienes se levantó un nuevo barrio, cerca del cerro San Antonio y sin canales", dijo Marta Juárez, antropóloga y directora del periódico digital Norte del Bermejo.

Las fuertes pero habituales lluvias que cayeron en la ciudad del noroeste salteño recrearon el temor a las tragedias de 2006, por el desborde del río Tartagal, y al aluvión de lodo de 2009, cuando la barriada de Santa María, al oeste de la ciudad y sobre las vías del tren, que padeció las peores consecuencias del lodo que bajó de los cerros.

Durante varios meses los vecinos vivieron en carpas del Ejército, "hasta que hace un mes se inauguró el barrio Nueva Santa María. Esas casas tipo Fonavi, edificadas por el Instituto de la Vivienda salteño, fueron arrasadas por la reciente inundación provocada por la caída cerca de 68 milímetros de lluvias, en poco más de un día", explica Juárez.

Destitución y apelación. Ante la nueva alarma, desde el municipio se admite la falta de previsión: "Estamos hablando con Obras Públicas de la provincia porque se tiene que construir un canal en la parte alta, dado que cada vez que llueve pasa lo mismo", explicó el coordinador de la municipalidad de Tartagal, Antonio Hoyos. En 2006, cuando el entonces gobernador Juan Carlos Romero califico al fenómeno como un resultado de la naturaleza, la misma explicación esgrimió en 2009 el gobernador Urtubey y la Nación. Pero no convencieron a nadie, y ahora la gente gana la calle, testigos de la corrupción que avala el accionar de petroleras y desmontes en los cerros San Antonio.

En octubre de 2009, la tormenta que se desató en Tartagal no fue por un alud, sino por una avalancha de denuncias contra el intendente Sergio Napoleón "Oso" Leavy. Tras un largo juicio político, el Concejo Deliberante de la localidad la destitución del funcionario por 19 cargos formulados contra su gestión ante irregularidades cometidas en el marco de la ayuda a los afectados por el alud.