En un fallo inédito, en San Nicolás ordenan la detención de dos sindicalistas por un bloqueo
María Maiztegui sentó precedente al juzgar por extorsión a Maximiliano Cabaleyro, titular de la seccional de Camioneros y concejal del Frente de Todos, y a Fernando Espíndola

Miércoles 30 de Marzo de 2022

Sentando un precedente judicial de transcendencia, la jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui, de San Nicolás, ordenó la detención de dos directivos del Sindicato de Camioneros de esa ciudad bonaerense por el bloqueo realizado en febrero de 2021 a una empresa familiar de la ciudad San Pedro: se trata del titular de la seccional nicoleña del gremio de los Moyano, Maximiliano Cabaleyro, quien, además, es concejal del Frente de Todos, y el dirigente gremial Fernando Espíndola.

Aunque la detención no se hará efectiva porque el abogado sindical pidió la eximición de prisión antes del fallo y ahora la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal deberá dictaminar, la resolución judicial adquirió trascendencia debido a que se trata de un hecho inédito porque nunca se había ordenado la detención de los responsables de los bloqueos sindicales, que es una modalidad que varios gremios, y en particular el de Camioneros, han adoptado de manera compulsiva para imponer condiciones.

Si bien estos bloqueos fueron generalizados en todo el país, con siete causas que se tramitan ante distintos juzgados, este fallo podría derivar en otras condenas contra quienes practican esta modalidad de protesta.

De acuerdo al fallo de la magistrada de San Nicolás, Cabaleyro y Espíndola incurrieron en los delitos de turbación de la posesión, extorsión, extorsión en grado de tentativa y coacción.

La abogada Florencia Arietto, representante legal de la empresa que sufrió el bloqueo sindical, afirmó que el fallo “es producto del coraje de la familia Rey, que, a pesar del miedo, decidió denunciar la extorsión; del compromiso del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos, que acompañó a la empresa y del enorme trabajo de la fiscal María Del Valle Viviani”.

“Bloquear es delito. Es un tiro para el lado de la justicia después de tantos años de impunidad del Sindicato de Camioneros y en recuerdo de todas aquellas empresas que no pudieron dar la pelea y tuvieron que cerrar. Empieza un nuevo capítulo en la Argentina, que se construirá con ley y justicia”, enfatizó Arietto.

Por su parte, la titular del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), la empresaria rosarina Verónica Razzini, quien ayudó a la familia Rey desde el comienzo del conflicto, sostuvo: “Hoy puedo decir que mi tarea es la de inspirar a perder el miedo, acompañar a mis pares y transmitir lo que aprendimos. No tengo dudas de que este es el camino, el del trabajo, la verdad y la justicia. Vamos a llevar esta verdad a cada rincón de nuestro país. Bloquear es un delito”.

El hecho

La empresa de San Pedro que fue bloqueada es una distribuidora de productos alimenticios fundada en 1989 y que tiene 35 empleados. Su dueño, Ricardo Rey, de 70 años, se hizo conocido cuando se viralizó un video que se filmó en medio del hostigamiento sindical y luego de una nueva inspección a su pyme realizada por el Ministerio de Trabajo bonaerense: “Me vienen a arruinar esos hijos de puta. Qué mierda se creen, no quiero más esa gente acá. No los quiero más”, dijo, entre lágrimas.

Según Ariel Rey, hijo del dueño, el conflicto se origina cuando el sindicato les exige pasar a los 35 empleados a su convenio. “Pero nos dijeron que si los pasábamos a todos juntos nos pueden reclamar millón y medio de pesos por empleado. Así que si colaborábamos con ellos e íbamos pasando de a uno, se podía hacer en paz. Nosotros accedimos”, contó.

Pero todo se complicó cuando el sindicato conducido por Cabaleyro designó un delegado sin tener los requisitos necesarios, según explicó el empresario. “En enero de ese año se sancionó al delegado por incumplimiento de tareas y es sobre la base de ese hecho que se agrava el conflicto con inspecciones y hostigamientos constantes. A partir de ahí decimos basta porque no se puede convivir con esta gente, dejamos de pagar la coima y hacemos la denuncia penal por extorsión”.

“Nosotros venimos sufriendo la extorsión de esta gente, con repetidas asambleas, sin previo aviso. Quieren que volvamos a ceder, que sigamos pagando. Todo empezó cuando no accedimos a entregarle más dinero al sindicato. Al desistir de pagar, comenzaron a bloquearnos la salida de los camiones”, explicó Gustavo Rey, otro de los hijos de Ricardo.