La Santa Sede creó ayer una nueva oficina de supervisión de sus finanzas y emitió nuevas leyes para cumplir con las normas internacionales en contra del lavado de dinero y el financiamiento a grupos terroristas.
  Los decretos, que entrarán en vigencia el 1 de abril venidero, fueron aprobados justo cuando el banco del Vaticano es investigado por lavado de dinero tras un caso que resultó en la confiscación de 23 millones de euros (31 millones de dólares) y en la mira a dos altos funcionarios.
  El papa Benedicto XVI firmó los documentos ayer, afirmando que el Vaticano quiere unirse a otros países que han combatido los vacíos legales que han permitido que los criminales exploten el sector financiero.
  Varias organizaciones financieras internacionales reconocieron la medida y dijeron que el Vaticano había dado un paso en la dirección correcta.
  El decreto crea un organismo supervisor independiente: la Autoridad de Información Financiera, que tendrá la responsabilidad de asegurarse que todas las transacciones financieras de la Santa Sede —entre ellas las del banco del Vaticano— cumplan con las nuevas leyes.
  La nueva oficina de vigilancia también será la unidad del Vaticano que colaborará con la Unión Europea y otras organizaciones internacionales.
  El vocero del Vaticano, padre Federico Lombardi, subrayó que las nuevas normas y la creación de la autoridad no están relacionadas con la confiscación en septiembre de una cuenta del Vaticano.

Compromiso. El Vaticano se comprometió en diciembre de 2009 —cuando ingresó a un acuerdo monetario con la Unión Europea sobre la emisión de euros— a aprobar esa ley antes de que concluyera este año. Sin embargo, la iniciativa tomó más prontitud tras la investigación por lavado de dinero que puso en vergüenza al Vaticano y al presidente de su banco, Ettore Gotti Tedeschi.
  Los fiscales de Roma decomisaron 23 millones de euros el 21 de septiembre y pusieron bajo investigación a Gotti Tedeschi y su segundo, Paolo Cipriani, alegando que el banco violó la ley al tratar de transferir fondos sin identificación del remitente ni el destinatario. No le levantaron cargos a los funcionarios.
  El Vaticano insiste en que la pesquisa fue resultado de un “malentendido” y espera que se aclare rápidamente, pero los tribunales de Roma se negaron dos veces a descongelar los fondos. A principios de mes, un juez dijo que nada había cambiado en la forma en que la Santa Sede protege la identidad de sus clientes.
  Preguntado ayer sobre si el banco, conocido formalmente como Instituto para las Obras Religiosas, se vería obligado ahora a identificar a sus clientes en las transacciones, Lombardi dijo que la cuestión de la cuenta embargada fue “un caso muy particular”.
  “Pero sostengo que esta ley crea una situación en la que el tipo de problemas que se han verificado o que no fueron correctos, son impensables”, dijo Lombardi. Un banco central. Entre las medidas están la creación de un banco central para aportar más transparencia y control en los negocios financieros de la Santa Sede.
  Según el portavoz Federico Lombardi, las medidas entrarán en vigor hasta finales de marzo y, además de para el Vaticano, tendrán validez para todos los organismos de la Santa Sede que estén relacionados con actividades financieras.
  Benedicto XVI saludó los esfuerzos de la comunidad internacional en la lucha contra el lavado de capital y la financiación del terrorismo, un objetivo que con la nueva ley hace suyo también el Vaticano.
  El blanqueo de capital estará penado hasta con 15 años de cárcel, el desfalco con hasta cuatro años de prisión y la estafa una pena de seis años.
  Con la creación del banco central se pretende, entre otras cosas, vigilar las operaciones del banco vaticano IOR y se trataría de adaptar su negocio bancario a las normas internacionales. l