El Registro Nacional de Armas  (RENAR), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, junto a la Red Argentina para el Desarme, destruyó 6.896 armas, con lo que ya son más de 130.000 las eliminadas. El procedimiento tuvo lugar desde las 9.30 en una siderurgia  ubicada en la Ruta 12 kilómetro 2,3 (2804) en la localidad  bonaerense de Campana, y fue encabezado por el ministro de Justicia, Julio  Alak, quien dijo que se trató de “otro paso muy importante para  lograr que las armas de fuego estén en poder exclusivo del Estado”.

Además, según informó un comunicado, estuvieron presentes el  ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Ricardo  Casal; el director del RENAR, Andrés Meiszner, el secretario de  Asuntos Registrales de la Nación, Oscar Martini, y miembros de la Red  Argentina para el Desarme, organización no gubernamental que apoya  el programa oficial. “Procedemos a la destrucción y fundición de casi 7.000 armas de fuego que provienen del sistema judicial de la provincia de  Buenos Aires y de la Capital Federal. Habían sido secuestradas a  delincuentes y han sido parte de causas judiciales que ya recibieron sentencia firme”, explicó Alak.

El ministro remarcó que el operativo supone “un paso  importante que contribuye a la seguridad de los argentinos, porque cuando  hay menos armas disminuye notablemente la frecuencia de los  homicidios dolosos”. En igual sentido, Casal hizo hincapié en que “el arma en poder  de los delincuentes atemoriza a la ciudadanía y en poder de la  familia puede causar un desastre y una pérdida irreparable, por lo  cual creemos que no debe haber armas ni en la vía pública ni en los  domicilios”.

Por su parte, Meiszner explicó que las 6.896 piezas eliminadas  esta mañana “fueron trituradas en un proceso transparente, frente a la comunidad y frente a las organizaciones no gubernamentales que nos acompañan”. Hasta hoy, en cinco actos públicos anteriores habían sido  destruidas más de 125.000 armas, 107.000 provenientes de particulares que decidieron deshacerse de ellas alentados por el Plan de  Entrega Voluntaria, que prevé retribuciones de hasta 600 pesos a cambio  de esos dispositivos, en tanto el resto procedió de distintas  jurisdicciones judiciales del país. Con el procedimiento concretado esta semana, ya son 132.000 las armas sacadas definitivamente de circulación, lo que representa  más del 10 por ciento del parque registrado en el país. (DyN)