Alex Freyre y José María Di  Bello, quienes se convirtieron en el primer matrimonio homosexual de  Latinoamérica, advirtieron hoy que hay sectores que “van a tratar de  anular” ese casamiento, pero ratificaron que “están preparados  para defender sus derechos legales”.

Además, la pareja destacó “valentía y la decisión política” de  la gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, de “respetar la  Constitución Nacional”.

El primer matrimonio homosexual de Latinoamérica se concretó  ayer en un Registro Civil de la ciudad austral de Ushuaia tras un  recurso administrativo aprobado por el Gobierno fueguino,  interpuesto por Freyre y Di Bello que no pudo casarse en la ciudad de  Buenos Aires.

“Sabemos que van a intentar anular nuestro matrimonio, y  estamos preparados para eso”, expresaron los recientes esposos en  diálogo con el canal Todo Noticias (TN).

Al respecto, agregaron que “la maldad no tiene límites y es  vergonzoso” que haya gente que quiera “impedir” esta unión, en tanto  recordaron que ellos, lo único que defienden es “la igualdad  jurídica”.

También, calificaron de “falta de respeto e insulto” de  quienes dijeron que el matrimonio concretado en Tierra del Fuego no  tenía validez.

“La Constitución Nacional se una ley superior, está por encima  de cualquier ley. Prometemos defender el derecho de todos y  todas”, puntualizaron.

Freyre y Di Bello contrajeron matrimonio ayer a la tarde tras  el frustrado intento que hicieron el 1º de diciembre para  concretar el casamiento en la ciudad de Buenos Aires, habilitados por una  magistrada porteña.

Los hombres intentaron casarse en un Registro Civil del barrio porteño de Palermo el 1 de diciembre tras la autorización de la  jueza civil de la ciudad, Gabriela Seijas.

Ese día, el gobierno porteño decidió que “provisoriamente” no  se realizara el matrimonio a raíz de dos fallos de la Justicia  Civil Nacional que ordenaron la suspensión del casamiento hasta que  se resolviera sobre la nulidad reclamada en la habilitación  dispuesta por Seijas.

En el marco del conflicto judicial producido por fallos en  distinto sentido, el entonces procurador porteño, Pablo Tonelli,  pidió a la Corte Suprema de Justicia que defina qué tribunal es  competente para resolver sobre el casamiento, si la Justicia de la  ciudad o el fuero nacional.

La titular del juzgado civil 85, Marta Gómez Alsina, y la Sala  E de la Cámara habían suspendido el matrimonio por considerar que  Seijas no tenía competencia para autorizar el casamiento, a raíz  de que la figura se rige por el Código Civil y cualquier  presentación sobre el tema debe ser resuelto por ese fuero.

La Corte Suprema de Justicia rechazó la presentación del  procurador porteño y postergó una definición sobre la posibilidad de  las parejas homosexuales de contraer matrimonio civil.

Tras el trámite frustrado, organizaciones homosexuales  impulsaron la presentación de recursos ante la justicia de las provincias  de parejas, para pedir la habilitación del matrimonio.

A su vez, en el Congreso de la Nación el proyecto de ley que  autoriza el matrimonio entre homosexuales no pudo avanzar en el  tratamiento en comisión por falta de quórum. (DyN)