El gobierno de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Axel Kicillof , compró por primera vez 80.000 comprimidos de misoprostol para garantizar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), y será el Estado de Santa Fe el que proveerá el medicamento. El lote se adquirió en el Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del Estado (FIL) de Santa Fe, con una inversión de 15 millones de pesos.

La cartera sanitaria bonaerense, a cargo de Daniel Gollán , destacó que por tratarse de un productor público de medicamentos, ese monto significa un ahorro de 18.343.400 pesos en comparación con el valor de mercado. "Es la primera vez que se realiza una compra planificada de esta magnitud para garantizar el derecho a la ILE en el sistema de salud provincial", expresó Gollán.

El misoprostol, cuyas indicaciones de uso figuran en el "Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo", es una medicamento esencial para la salud sexual y reproductiva, incluido bajo esa denominación en la lista de fármacos de la Organización Mundial de la Salud por sus aplicaciones para abortos seguros, atención posaborto, parto y posparto.

Buenos Aires adhirió a principio de enero último al protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la ILE. Si bien hasta ahora la cartera sanitaria y los efectores de salud realizaban compras esporádicas de esta medicación, ahora se hizo una compra planificada para que no falte este medicamento por los próximos seis meses.

Las autoridades de Salud bonaerenses informaron en el comunicado que al asumir la gestión no encontraron "datos estadísticos precisos ni confiables sobre la cantidad de interrupciones legales del embarazo en el sector público, ni antecedentes de compras recientes de misoprostol".

De acuerdo a la información disponible, en el período 2014-2018 se registraron 79 muertes de mujeres a causa de un aborto en la provincia de Buenos Aires, dato que se encuentra "subregistrado", es decir, que es muy inferior al real. De esa estadística se desprende que el 10 por ciento de esas muertes correspondió a niñas y adolescentes de 15 a 19 años, y el 80 por ciento fue producto de prácticas clandestinas.