La Fiscalía que investiga la  “mafia de los medicamentos” y su eventual relación con la obra social  bancaria le exigió al juez federal Norberto Oyarbide que amplíe  las sospechas a medio centenar de obras sociales, entre las cuales  figuran las de los camioneros y los mecánicos.

En medio del secreto de sumario impuesto en la causa, el  fiscal federal Luis Comparatore requirió que se abra una  “megainvestigación” sobre todas las droguerías y obras sociales que aparecen  involucradas en la causa en curso por la venta de muestras gratis o  de medicamentos adulterados y/o vencidos, se supo de fuentes  judiciales.

Al respecto, Comparatore incluyó a cada una de las  reparticiones gremiales y empresas farmacéuticas que se relacionan con la  pesquisa: así apuntó a medio centenar de obras sociales, entre las  cuales está la de los camioneros (OSCHOCA), la del SMATA, la del  personal televisivo y un desprendimiento de la UOCRA, según  detallaron fuentes judiciales.

De esta manera, la causa que salpica a la Asociación Bancaria apunta directamente por primera  vez a Hugo Moyano, el líder de la CGT y jefe de los camioneros.

Precisamente, la obra social de Moyano ya está siendo  investigada por el juez federal Claudio Bonadío, para aclarar si hubo  irregularidades en los traspasos de fondos a ese ente.

Hoy, el juez escuchó a Juan Rinaldi, quien fue responsable de  la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) durante la gestión  de Graciela Ocaña. Fuentes judiciales dijeron que Rinaldi explicó “cuál era  la situación que él había encontrado cuando asumió su gestión y  qué modificaciones había hecho hasta el momento en que se fue”.

La SSS tiene bajo su jurisdicción la Administración de  Programas Especiales (APE), que redistribuye fondos por prestaciones  complejas a las obras sociales. La APE maneja casi mil millones de  pesos anuales.

En tanto, el viernes próximo deberá declarar Héctor Capaccioli  -antecesor de Rinaldi y uno de los responsables de la recaudación  para la campaña presidencial de Cristina Fernández- y el lunes  entrante debe hacerlo el actual responsable de la SSS, Ricardo  Bellagio.

En la causa que instruye Bonadío se investiga si la APE habría  concretado transferencias a la obra social de los camioneros en  forma presuntamente irregular, como reintegros por tratamientos  contra el cáncer, sida y hemofilia, en una operatoria parecida a la  llamada “mafia de los medicamentos”.

Mientras tanto, el juez Oyarbide sustancia la investigación  que destapó que la droguería San Javier, propiedad de Néstor  Lorenzo, habría vendido o entregado medicamentos adulterados, vencidos o  repartidos como muestras gratis a la obra social de los bancarios.

Pero Bellagio dijo recientemente que habría al menos otras  siete obras sociales que operaban con las droguerías San Javier y  Multifarma.

Esas obras sociales y otras tantas que están mencionadas junto  a droguerías y farmacias en la causa de Oyarbide pidieron ser  investigadas formalmente como sospechosas del reparto de  medicamentos, según lo solicitó ahora la Fiscalía.

Oyarbide será el encargado de tomar la medida, a la espera de  que se resuelva si la Sala II de la Cámara Federal acepta la  recusación en su contra que presentó Zanola y con vistas a poner fecha  a las indagatorias del jefe de la Bancaria; de su mujer, Paula  Avallay, y de Lorenzo y Capaccioli, entre otros. (Dyn)