En sesiones extraordinarias, la Cámara de Diputados sancionó anoche por unanimidad una nueva ley de trata de personas.

Con la presencia en los palcos de Susana Trimarco, la madre de la joven desaparecida hace más de diez años en Tucumán, los legisladores de todos los bloques aprobaron la norma y celebraron su sanción con una ovación.

La votación finalizó con 224 votos afirmativos, luego de más de ocho horas de discusión.

La flamante ley define como "trata de personas" al "ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países".

Además, establece que "el consentimiento dado por la víctima de la trata y explotación de personas no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal, civil o administrativa de los autores, partícipes, cooperadores o instigadores".

Castigo. También castiga con prisión de cuatro a seis años al que explote económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona, y al que "promueva o facilite la prostitución" de la misma. Si la víctima es menor de 18 años, la pena será de 10 a 15 años de prisión.

Se contemplan agravantes cuando, para someter a la víctima, se emplee violencia, amenazas o cualquier otro medio de intimidación o coerción; cuando el autor fuera familiar, cónyuge, autoridad o ministro de cualquier culto, o encargado de la educación o de la guarda de la víctima, funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad.

Otra de las modificaciones obliga al Estado nacional a brindar asistencia médica y psicológica gratuita a las víctimas, otorgar capacitación laboral y ayuda en la búsqueda de empleo, y a colaborar en la incorporación de la víctima en el sistema educativo.

Asimismo, crea un sistema sincronizado de denuncias sobre el delito de trata y explotación de personas, y se le asigna el número telefónico 145 para pedido de ayuda en todo el territorio nacional.

Vuelta de tuerca en el caso Verón

El tribunal que absolvió a los 13 imputados en el juicio por la desaparición de Marita Verón a manos de una red de trata de personas pidió que se investigue a la imputada Irma Medina y sus hijos porque "integraban una verdadera organización cuya finalidad era explotar la prostitución de mujeres". Los tres jueces de la sala dos de la Cámara Penal de Tucumán, en los fundamentos al fallo difundidos ayer, aseguran que los locales a cargo de Medina "presentaban las características de usos establecidos para la explotación del comercio sexual".