Uno de los líderes de una banda que había defraudado al Estado argentino por una cifra cercana a los 4.000 millones de pesos mediante la emisión de facturas apócrifas fue detenido por personal de Prefectura Naval.
Fuentes de la fuerza revelaron que el apresado es Heber Ariel Russo, quien tenía pedido de captura nacional e internacional desde noviembre del año pasado acusado de lavado de activos y asociación ilícita.
Russo era uno de los líderes de la organización y ahora quedó en calidad de incomunicado a la espera de ser trasladado al Juzgado Federal de Quilmes, a cargo de Luis Armella.
"Se trata de una causa de asociación ilícita con lavado de activos y perjuicio al Estado. En su momento desbaratamos una organización que perjudicaba a la ciudadanía a partir de un sistema de facturación apócrifa y mecanismos para evadir el fisco", explicó la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien instruyó políticas expresas a la Secretaría de Seguridad de Eugenio Burzaco.
En noviembre pasado, a partir de una denuncia realizada ante la AFIP y como resultado de tareas de inteligencia criminal y un trabajo mancomunado de las fuerzas junto con el Ministerio desarticuló casi en su totalidad a esta asociación ilícita.
Tras los 45 allanamientos realizados de manera simultánea, los uniformados detuvieron a los principales 13 investigados, incluido uno de los jefes de la organización, Claudio Alejandro Gómez.
Además, se habían incautado más de 120 vehículos (muchos de alta gama), poderes para actuar ante la AFIP, mucho dinero en efectivo, armas de fuego, elementos electrónicos y documentación.
Luego de desarticular a la banda delictiva, los uniformados de Prefectura Naval continuaron con las tareas de campo y las escuchas telefónicas para dar con uno de los jefes de la banda, último prófugo en la causa.
"No hay desarrollo sustentable posible para nuestro país si no combatimos este tipo de delitos, es fundamental terminar con esta clase de organizaciones criminales. Trabajamos todos juntos como equipo para cuidar el patrimonio de todos los argentinos", precisó Bullrich.
Esta red criminal, asociada al pago de retornos por parte de las empresas proveedoras del Estado, funcionaba como una usina de facturas truchas, proporcionándoselas a casi 3.500 contribuyentes, logrando evadir casi 4.000 millones de pesos.
A su vez, facilitó la extracción de dinero de las sociedades para efectuar diferentes tipos de pagos, modalidad conocida como "pesificación".