El abogado defensor del intendente de Pinamar, Roberto Porretti, acusado por el delito de “extorsión”, descalificó un video aportado como prueba por los empresarios denunciantes.
  Según los denunciantes, el monto que habrían reclamado las autoridades municipales para no clausurar el local bailable era de 400 mil pesos. Del total, según fuentes de la investigación, 225 mil pesos corresponderían a una deuda por el uso del espacio público y los 175 mil pesos restantes, para no enviar inspectores al boliche.
  Los tres socios de Kú dijeron que se reunieron con el intendente y otros funcionarios, donde fueron “extorsionados”. Pero, los empresarios grabaron un video con una cámara oculta y lo llevaron a los tribunales de Dolores e hicieron la denuncia ante la fiscal María Hachman.
  En la sede municipal de Pinamar, el abogado del intendente, José Ignacio Ochoa, dijo ayer que la principal prueba del presunto pedido de coimas “está editada y alterada” y que “es ilegal”. “En el video que yo miré, él no está”, dijo el letrado, y agregó que en la cinta “se ven bultos, se ven personas y lo que se escucha es una voz en off que está editada”. En la filmación “no aparece una entrega de dinero”, y que “más que editado, el video está modificado”.
  El abogado Raúl López Presa, que representa a los empresarios Javier Porjolocsky (dueño del boliche El Alma) y a Rubén Cameroni (dueño de Kú), manifestó que “ya se presentaron todas las pruebas” que vinculan al intendente Porretti y a su jefe de Gabinete Aldo Leonián en una supuesta extorsión y pedido de coima. l (Télam)