Buenos Aires- Vecinos de la  localidad puntana de Cortaderas rechazaron hoy el reclamo de  extensión del departamento de Junín que limita con ese municipio y  denunciaron que las autoridades quieren apropiarse de parte de su  pueblo para construir un barrio privado.

 Una comisión de vecinos autoconvocados de Cortaderas cortó  ayer la ruta provincial número uno en el límite con el arroyo de  Molles, para denunciar la inconstitucionalidad de una ley que fue  redactada durante el último gobierno militar y que habilitaría a  ampliar los límites del partido puntano de Junín.

Cortaderas es una localidad del departamento de Chacabuco y  que limita con el municipio de Molles, que pertenece al  departamento de Junín y está ubicada al pie de la Sierra de los  Comechingones, a 220 kilómetros de la ciudad de San Luis y cercana  a la villa turística de Merlo.

Cortaderas tiene alrededor de 1.500 habitantes, Molles unos  800 y de acuerdo a lo explicado por los vecinos, el terreno que  pasaría de un partido a otro tiene una dimensión superior a los  3.500 metros cuadrados.

Elvio García, vecino autoconvocado de localidad de Cortaderas,  precisó a Télam que “desde que existe el terreno que hoy es  Cortaderas perteneció al departamento de Chacabuco”.

Pero indicó que “el departamento limítrofe de Junín por medio  del intendente de Molles, Aureliano Urquiza, reclama la extensión  del límite de Junín de acuerdo a la ley 4470 que data de la época  del último gobierno militar y que fue refrendada por los diputados  provinciales en el 2004, sin explicación y a libro cerrado”.

Sostuvo que “esa ley que según Urquiza habilita a ampliar el  límite es violatoria al artículo 249 de la Constitución provincial  que establece que los límites de cada departamento deben estar  amojonados o ser por una demarcación natural, que en el caso de  Chacabuco y Junín es el arroyo Los Molles”.

García señaló que “los vecinos apelamos a la legislatura  provincial ante la intención de ampliar los límites de Junín y  apropiarse de parte de nuestro pueblo y también hubo una mediación  de la ministra de Gobierno, Justicia y Culto de San Luis, Galdys  Bailac de Follari, el 13 de agosto de este año”.

 Añadió que “la ministra nos contestó por la nota número 195  que si los intendentes no llegan a una solución, el conflicto lo  debe resolver la justicia”.

En ese sentido, opinó que “la intención de pasar a Junín una  parte del pueblo que básicamente son hectáreas en el paraje  Colorado es para hacer un barrio privado que va a tener que ser  abastecido por nuestro municipio, porque no hay posibilidad de  garantizarles agua potable, si no es a través de la cooperativa de  Cortaderas”.

 Por su parte, el intendente de Cortaderas, José Ricardo  D`Andrea, dijo a Télam que “el miércoles pasado hicimos una  presentación judicial solicitando la inconstitucionalidad de la  ley”.

El intendente estimó que “el crecimiento turístico hace que  haya interés por la zona”, pero sostuvo que “no se puede dejar que  se nos quite nuestro patrimonio histórico e identidad como pueblo  por alguna conveniencia”.

Confió en que “la justicia provincial falle no innovar y sino  se recurrirá a una instancia superior de la justicia”. (Télam)