Representantes de organizaciones sociales marcharon ayer al Departamento Central de la Policía Federal para pedir el pase a disponibilidad de los integrantes de la División de Trata de Personas, algunos de los cuales fueron denunciados por "proteger y regentear" prostíbulos.

La marcha fue convocada por las agrupaciones La Alameda y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que también solicitaron la reincorporación de la agente policial Nancy Miño, dejada cesante tras impulsar en la Justicia una investigación contra la División de Trata. "No vamos a permitir que los policías honestos que denuncian este tipo de hechos sean expulsados de la fuerza", dijo Gustavo Vera, presidente de La Alameda.

Fueron recibidos en la Jefatura por el comisario inspector Marcelo Augusto Canstatt, a quien plantearon la situación de Miño. Según relató Vera, el jefe policial accedió a gestionar una reunión en los próximos días para reinsertar a Miño en la fuerza. Miño declaró el 14 de mayo ante el juez federal Ariel Lijo, a quien presentó documentación, escuchas telefónicas y fotos sobre la supuesta protección que la División de Trata de Personas, dirigida por el comisario Jorge Omar Fernández, brindaba a prostíbulos a cambio de dinero. La mujer policía, según dijo Vera, fue "degradada y obligada a realizar tareas de inteligencia y de seguridad dentro de redes de trata, e incluso fue coaccionada por sus superiores a ejercer transitoriamente la prostitución".

Miño denunció en la Justicia que las pruebas obtenidas en las investigaciones se utilizaban para extorsionar a "tratantes y proxenetas", y que se negó a introducir niños y adolescentes en un prostíbulo del barrio de Pompeya. l (DyN)