Denuncian inminente colapso pesquero por exceso de extracción de merluzas

Buenos Aires.- La Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA) denunció hoy que el país está ante un “inminente colapso pesquero” y reclamó al gobierno nacional “reducir los cupos para las capturas”, con el fin de evitar un “daño ambiental irreparable”. Las multas son insignificativas y el sistema muy permisivo. Ya hay un 70% menos de merluza. En ese sentido, sostuvo que la disminución exigida debe estar acompañada por la aplicación de un “registro de reincidencias” para limitar la “pesca abusiva” ante “multas insignificantes”, y advirtió que existe en Argentina una “capacidad instalada para la captura que es superior a la riqueza ictícola”. Guillermo Cañete, biólogo y coordinador del Programa Marino de la fundación, dijo a DyN que fueron “positivas” las últimas declaraciones públicas del juez federal Alfredo López, quien investiga si presuntas disposiciones “inconstitucionales” del Estado nacional llevaron a una “situación de colapso” al principal recurso pesquero del país, la merluza hubbsi o común. El magistrado intervino debido a un recurso de amparo interpuesto por la Cámara Pesquera Marplatense (CAPEMAR), luego de que organizaciones ambientalistas denunciaran que “la población adulta de la merluza común, principal especie comercial, se redujo 70 por ciento en los últimos 20 años”. “Hace un mes, López dijo que era válido el informe presentado en diciembre último por la Auditoría General de la Nación (AGN)”, destacó Cañete, tras una sentencia del juez que estableció que “el Estado nacional deberá implementar un plan sustentable e integral para proteger la merluza hubbsi”. La AGN, organismo a cargo de Leandro Despouy, denunció que “se sobrepasaron los niveles autorizados de pesca”. Detalló que existe “un sistema muy permisivo” y que “el régimen sancionatorio carece de eficacia, presenta inclusive rasgos de fomentar los incumplimientos habilitando vías de corrupción evidentes”. Reveló “diferencias entre los partes (de pescados) en barco y los partes que se verifican en el desembarco en el puerto”. La AGN puntualizó que las divergencias detectadas variaban “entre el 39 y el 300 por ciento”, cuando el margen de tolerancia es de hasta el 15 por ciento. “Esto tiene impacto negativo de todo punto de vista, no solamente impositivo, contable, sino también estadístico y al mismo tiempo de la atribución de los cupos”, destacó el informe. Por su parte, Cañete coincidió hoy con la AGN al expresar que “el empresariado pesquero está en medio de un sistema sancionatorio permisivo porque las multas son insignificantes en relación al valor del mercado de la especies que luego comercializan”. Argumentó que “puede tomar a las sanciones como costos de la actividad porque pierde valor la multa debido a que tarda como tres años en aplicarse”. Asimismo, sostuvo que “tras la implementación de una sanción, está el derecho a defensa y se activa una maquinaria burocrática que atenta contra la eficacia del llamado de atención”. En ese sentido, reclamó al gobierno nacional “reducir los cupos para las capturas”, con el fin de evitar un “daño ambiental irreparable ante un inminente colapso pesquero”, y exigió la “aplicación de un registro de reincidencias” para limitar la “pesca abusiva”. Cañete consideró que la reiteración de una infracción debe ser sancionada con “penas que disuadan a los empresarios, como trabas para acceder a subsidios o inhabilitaciones para permanecer en puerto”.