El juez Pablo Ormaechea fijó ayer fecha para las declaraciones indagatorias de 27 imputados en la causa por el incendio y derrumbe del depósito de documentación de la empresa Iron Mountain, que en 2014 provocó la muerte de diez personas, entre bomberos y agentes de Defensa Civil, en el barrio porteño de Barracas.

Según fuentes judiciales, entre los citados a las indagatorias, que comenzarán el 3 de mayo próximo, figuran funcionarios y ex funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En la causa por el delito de estrago seguido de muerte también fueron citados a declarar como imputados representantes de la multinacional cuyo galpón ubicado en el barrio Barracas, se incendió la mañana del 5 de febrero de 2014 y quienes instalaron el sistema para prevenir ese tipo de siniestros.

Según un informe de expertos de la Policía Federal, las llamas que ocasionaron el derrumbe de la edificación y provocaron la muerte de ocho bomberos y dos miembros de Defensa Civil fueron intencionales, aunque un estudio posterior, encomendado a la Universidad Tecnológica Nacional puso en duda esa conclusión.

Las pericias indicaron que esa mañana sonaron las alarmas contra incendio, pero no funcionaron los aspersores instalados para rociar y apagar llamas.

Se estima que con el siniestro se perdió documentación de bancos como el HSBC, BNP Paribas, Patagonia, JP Morgan Chase, Crédit Suisse y Banco General de Negocios.

Por un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Proselac) se abrió un expediente ante el juez federal Sergio Torres.

En la causa por "estrago", las indagatorias fueron dispuestas a pedido de la fiscal Romina Monteleone, quien consideró que la propagación del incendio se produjo por una suma de irregularidades e incumplimientos por parte de la empresa que tenía a su cargo la explotación del establecimiento.

La fiscal también atribuyó responsabilidad a los órganos de contralor y particulares que tenían a su cargo garantizar que el establecimiento cumpliera con todas las medidas de seguridad.

En su momento la fiscal pidió que citaran a Norberto Ventura Sosa y Edgardo Nardi, de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, quienes debían "verificar que el depósito siniestrado reuniera condiciones aceptables de seguridad" y "recibir los informes y denuncias", respectivamente.

También reclamó que fueran interrogados como imputados funcionarios de la Dirección General de Fiscalización y Control del Gobierno de la Ciudad que habrían realizado inspecciones en el depósito de Iron Mountain, entre otros.

La fiscal también había pedido que se citara a declarar a Ignacio Miguel Aldamiz Echeverría, ya que a su juicio "habría sobornado a funcionarios de la Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal Argentina, para conseguir la habilitación del depósito, a pesar de sus defectuosas condiciones de seguridad contra incendios".

También al empleado de la empresa Segurplus S.A, Oscar Godoy -quien se desempeñaba como personal de seguridad del depósito, en el momento del siniestro- por "haber contribuido con su obrar imprudente a incrementar el riesgo" del incendio.

Monteleone en su pedido también había incluido a los comisarios inspectores encargados del departamento Seguridad contra Incendio de bomberos.