Después de la muerte de Diego Maradona el pasado 25 de noviembre, la Justicia comenzó a trabajar para averiguar qué sucedió para todo terminara como sucedió. Así, cuatro días después, la PFA y la Policía Bonaerense allanaron la casa en Adrogué y el consultorio en Belgrano del médico neurocirujano Leopoldo Luque, quien fue el último en tratar al Diez.

Los hallazgos consistieron en la historia clínica de Diego, cien páginas con anotaciones varias y otras tres hojas que despertaron la polémica. En ellas se observa, en primer lugar, un pedido de historia clínica a la Clínica Olivos por parte de Maradona, en segundo la firma del Diez escaneada y por último varias firmas, como si alguien las practicó.

La sospecha recae sobre si Luque le falsificó la firma a Maradona y se desprende automáticamente el interrogante que cuestiona los motivos para hacerlo. Las hojas serán analizadas por un perito caligráfico de la Asesoría Pericial de la Procuración.

Hasta el momento Luque no está imputado por ningún cargo, pero las sospechas están. La Justicia deberá definir si lo imputan o no por un homicidio culposo y una mala praxis. Para esto aguardará por la decisión de la junta médica del caso.

La autopsia realizada a Maradona reveló su estado de salud: un hígado marcado por la cirrosis, un corazón visiblemente deteriorado con múltiples patologías y una batería de psicofármacos en la sangre: antidepresivos, anticonvulsivos, medicación para tratar su adicción al alcohol, pero ningún medicamento de indicación cardíaca apareció en su sistema.

Los fiscales a cargo de la investigación sostienen que Maradona estaba efectivamente bajo una internación domiciliaria, aunque deficiente: en las inspecciones a la casa donde murió no se encontró equipamiento médico como monitores, desfibrilador, oxígeno, llamador, suero, ni nada.