La investigación por la muerte de Ángel López, el niño de 4 años que falleció en Comodoro Rivadavia, determinó que el niño presentaba "traumatismos previos". En ese contexto, la Justicia detuvo a su madre, Mariela Altamirano, y a su pareja, Maicol González, y avanzó con la imputación por presunto homicidio agravado.

El fiscal Facundo Oribones confirmó que el menor tenía "lesiones intracraneales" que "se corresponden a días anteriores a la fecha de la muerte" y precisó que "los golpes como máximo serían de hace diez días atrás". Estas conclusiones reforzaron la hipótesis de un cuadro de violencia sostenida.

Las detenciones se concretaron el domingo por la noche. La Justicia dispuso la prisión preventiva al considerar riesgo de fuga. Según la investigación, González podría haberse trasladado a Córdoba, mientras que Altamirano tenía la posibilidad de viajar a Misiones. Ambos permanecen alojados en celdas separadas y serán indagados este martes.

El niño ingresó el 5 de abril al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia en estado crítico. Llegó con un paro cardiorrespiratorio, inconsciente y sin respuesta a estímulos. El equipo médico constató "mal estado general y palidez", mientras que durante el traslado en ambulancia recibió maniobras de reanimación y medicación para estabilizarlo.

Ángel murió dos días después de su internación. Se encontraba bajo el cuidado de su madre por una decisión judicial en el marco de un proceso de revinculación familiar.

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En un primer momento, Altamirano declaró que el menor se descompensó mientras dormía. Sin embargo, la autopsia preliminar detectó lesiones internas en la cabeza que contradicen esa versión. A esto se sumó un informe del personal de la ambulancia, que indicó que el niño presentaba un golpe previo al episodio que derivó en el paro cardiorrespiratorio.

Avances en el caso Ángel

La causa también incorporó testimonios de vecinos y allegados. Según fuentes de la investigación, "las entrevistas dieron indicios de mala justificación por parte del padrastro", quien habría atribuido las lesiones a golpes accidentales sin poder sostener una explicación consistente.

En paralelo, el padre biológico del niño, Luis López, presentó una ampliación de la denuncia penal. No solo apuntó contra Altamirano y González como responsables directos, sino que también acusó a funcionarios judiciales y del sistema de protección de menores por presunta negligencia. Sostuvo que existieron alertas de riesgo que no recibieron respuesta y que el Estado no actuó correctamente para proteger al niño.

El fiscal Oribones espera ahora los resultados finales de las pericias forenses para consolidar la acusación y avanzar en el proceso judicial.