"Basta ya de justicia patriarcal", gritaban los manifestantes, mujeres y hombres de todas las edades, frente al Ministerio de Justicia en Madrid. Una chica lucía una pancarta con el lema "hay que dejar de criar princesitas indefensas y machitos valientes".

"Es una vergüenza para todas las mujeres de España. Es un delito grave, no es para que estén en la calle. Ya que no han tenido educación, al menos que haya justicia", dijo Lucía Rodríguez, una prejubilada de 60 años y veterana militante feminista.

"Hay un fallo educacional desde hace años. Nos han educado a los hombres en la idea de que podemos hacer cualquier cosa, y con esta sentencia se ha visto que puedes violar y no pasa nada", añadió por sulado Aratz Beranoaguirre, un joven geólogo.

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, dijo que apelará la libertad provisional recién decretada. "Hay una "distancia creciente entre la propia sociedad y algunas decisiones judiciales", declaró ante la prensa el alcalde, del partido separatista vasco Bildu. En Pamplona, la protesta ha sido espontánea y masiva. Se leyó un texto de protesta, que ha subrayado como una "provocación" que el fallo se conozca a pocos días del arranque de una fiesta que en 2016 saltó a la crónica negra con la violación del grupo de sevillanos a una joven de 18 años que acudía por primera vez a San Fermín.

Igualmente, ayer a la tarde una petición lanzada en la web change.org contra la liberación de los condenados había sumado ya más de 659.000 firmas.

La condena inicial, el 26 de abril, de los cinco jóvenes de "La Manada", a los que se exculpó de violación, provocó una ola de manifestaciones en España, donde el movimiento feminista ha cobrado especial fuerza en los últimos años. Poco antes, el 8 de marzo, el país había vivido una inédita huelga en defensa de los derechos de las mujeres, en la que participaron millones de personas.

La nueva ministra de Justicia del gobierno socialista español, Dolores Delgado, evitó comentar la decisión del tribunal y se limitó a destacar que los hechos establecidos en el caso son "gravísimos", y que exigen "reformas mentales". "El gobierno respeta las decisiones judiciales, pero los hechos probados y condenados son muy graves, son gravísimos, y en este sentido el gobierno se hace eco de la alarma social" generada, añadió la portavoz del ejecutivo, Isabel Celaá.

La primera medida anunciada por el gobierno de Pedro Sánchez, que asumió a comienzos de mes, es precisamente una formación para jueces y fiscales para sensibilizarlos más sobre la forma de combatir la violencia machista.