La Cámara en lo Criminal Federal anuló la resolución del juez Claudio Bonadío que había aceptado al Estado nacional como querellante en la causa por el choque del tren en la terminal de Once, de la Capital Federal, que causó 51 muertos y centenares de heridos.

El mismo tribunal rechazó, en cambio, un pedido de recusación del magistrado de primera instancia, presentado por el abogado Gregorio Dalbón como representante legal de varios damnificados, luego que Bonadío admitiera al Ministerio de Planificación Federal como querellante.

La Sala II de la Cámara sostuvo Bonadío tomó esa decisión valiéndose de "escasas, genéricas y contradictorias afirmaciones" y que lo hizo "omitiendo la valoración" de "circunstancias dirimentes para la solución del caso".

El tribunal indicó que las mismas razones que el juez expuso para otorgar el rol de "acusador particular" a esa cartera, son las que impiden reconocerle esa cualidad procesal.

En tal sentido los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzún recordaron que el magistrado legitimó al Estado nacional por su condición de titular de los bienes materiales afectados a la concesión y su rol de garante de la prestación del servicio de transporte público.

"En rigor de verdad y sentido común, esas mismas cualidades son las que se alzan como obstáculos para otorgarle la facultad de actuar como querellante en el proceso" al Estado nacional, expresaron los camaristas.

La tragedia de Once ocurrió el 22 de febrero pasado cuando un tren de la línea Sarmiento no frenó -por causas que son investigadas- y se estrelló contra el paragolpes de la estación terminal.

Producto del impacto, un total de 51 personas murieron y 703 resultaron heridas. El 30 de marzo dos sobrevivientes pidieron la indagatoria de Schiavi, de otros funcionarios y de los titulares de TBA, Claudio y Mario Cirigliano.

La presentación fue realizada por Natalia Julieta Barrio y Oscar Marcelo Caballero, quienes acusaron a funcionarios y empresarios por el "delito contra la seguridad de los transportes". El entonces secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, renunció pero en el gobierno defendieron su actuación en el área.

Los sobrevivientes, patrocinados por los abogados Horacio Rivero y Juan Palacios, consideraron que el suceso del 22 de febrero "no fue un accidente, sino la crónica de una tragedia anunciada. Para sustentar esta afirmación es fundamental remitirse al pormenorizado informe que la Auditoría General de la Nación que emitió en 2008", sostuvieron en el escrito.

Dalbón había recusado también a Bonadío y le pidió que se apartara de la causa porque su decisión de aceptar al gobierno como querellante "conforma una clara evidencia de que tiene interés en que el proceso tenga un resultado favorable con relación a los mismos", en referencia a los funcionarios del Estado.