Trabajadores de organismos de infancia de todo el país y organizaciones sociales advirtieron este viernes que corre peligro el funcionamiento del Programa de Acompañamiento al Egreso (PAE), de alcance estatal, destinado a adolescentes y jóvenes vulnerables, sin cuidados parentales, que sufrieron malos tratos y abusos en sus familias de origen.

El programa PAE está instituido por ley y depende de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello. Sin embargo, advirtieron que desde hace tres meses la transferencia de la asignación económica "se demora cada vez más y el último pago correspondiente al mes de febrero de 2024 no fue depositado y no hay información oficial sobre una fecha cierta de cobro".

Ante la falta de respuesta del gobierno nacional, unos 300 equipos técnicos de organismos de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes de las provincias, y organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los derechos de esos grupos etarios, emitieron este viernes un comunicado conjunto en el que expresan la preocupante situación.

"Queremos manifestar la preocupación por la falta de información oficial por parte de las autoridades nacionales del Ministerio de Capital Humano, Secretaria de Niñez y Familia y Subsecretaría de Políticas Familiares sobre el desarrollo y continuidad del Programa de Acompañamiento al Egreso (PAE) destinado a 3.500 adolescentes y jóvenes sin cuidados parentales de Argentina, que estuvieron bajo protección del Estado por haber sufrido vulneraciones graves como malos tratos y abusos en sus familias de origen", indicaron en el comunicado.

Los alcances del PAE

Según explicaron, el PAE es "una política pública creada por Ley N° 27.364, sancionada en 2017 por unanimidad en ambas cámaras del Congreso, que garantiza derechos desde el principio de igualdad y no discriminación: por un lado, el derecho a recibir un acompañamiento personal y afectivo para el desarrollo de su autonomía; y por otro, el derecho a una asignación económica equivalente al 80% del salario mínimo vital y móvil, que les permite pagar el alquiler de sus viviendas, cubrir su alimentación y sostener sus estudios".

“Esta falta de respuesta por parte de las autoridades nacionales impacta gravemente en las condiciones de vida de los jóvenes incluidos en el programa ya que muchos de ellos se enfrentan a la posibilidad de ser desalojados, deben discontinuar sus estudios y se les dificulta planificar el desarrollo de su vida autónoma”, alertaron en el comunicado conjunto.

Las organizaciones técnicas indicaron que la gestión del programa cuenta con “información pública y transparente” y, desde hace 7 años, “se realizan monitoreos y evaluaciones por parte de diferentes organismos e instituciones”, como la Universidad Católica Argentina (UCA), que “dan cuenta de sus impactos positivos en una población que ha atravesado una historia de vulneraciones”.

A través de diferentes consultas participativas, los adolescentes y jóvenes expresan que el PAE “ha favorecido su desarrollo integral tanto en aspectos económicos, educativos como de salud, lo que permite equiparar su situación frente a otros adolescentes y jóvenes que viven y crecen con sus familias y tienen garantizada por ley la protección hasta los 21 años (o 25 años si estudian)”.

En el comunicado, los equipos técnicos y organizaciones solicitan que se brinde “información fehaciente a las áreas competentes de todas las jurisdicciones del país sobre la continuidad de esta política pública y sobre las autoridades a nivel nacional que lo tienen a su cargo”.

Asimismo, exigen que se ejecute “el pago de la asignación económica que se adeuda a los y las jóvenes incluidos en el programa, se regularicen los pagos y activen mecanismos para que la transferencia económica pueda llegar sin demoras y en fecha cierta a los titulares, de modo que puedan trabajar en su organización financiera y proyectos de autonomía”.

Además, solicitan que se habiliten “canales de comunicación oficiales entre las jurisdicciones del país y las autoridades nacionales que tienen a su cargo la coordinación del programa, donde se difunda información certera para los equipos de las provincias, adolescentes y jóvenes beneficiarios, con el fin de disminuir la incertidumbre y la circulación de información falsa”.

Piden también “renovar los convenios de adhesión e implementación del programa con los organismos de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes de las provincias” así como la actualización de “la formación y registro de los adultos referentes del programa y promover la realización de nuevas cohortes de capacitación y garantizar la inclusión de nuevos titulares”.