Impiden al Pami llevar a otras localidades a ancianos casildenses

El Pami deberá presentar ante la Justicia la documentación que acredite y especifique los motivos y características de las obras que prevé realizar en la Residencia de Ancianos Avelino Lottici que tiene en Casilda, además de garantizar la reubicación de los abuelos dentro de esta ciudad para evitar el desarraigo o las consecuencias de tipo emocional que implicaría alojarlos provisoriamente en geriátricos de otras localidades.

Así lo resolvió la Justicia Federal en el marco de audiencia convocada luego de que la abogada casildense Patricia Ferraretto, quien patrocina a un grupo de ancianos alojados en el geriátrico, presentara un recurso de amparo para intentar impedir que los internos salgan de su ciudad, como ya ocurrió en algunos casos.

La disposición sobrevino a pocos días de una fructífera reunión en Buenos Aires gestionada por la diputada nacional y vecina de Casilda, Claudia Giaccone, entre funcionarios del Pami y autoridades políticas y referentes del Centro de Jubilados de Casilda. En ese marco se suscribió un acta por medio de la cual el Instituto Nacional de Servicios Sociales de los Jubilados se compromete a ejecutar los trabajos planificados y a la vez habilita a las autoridades locales a buscar espacios en Casilda para ubicar a los ancianos durante el desarrollo de la obra, cuyo plazo de ejecución sería de entre 8 y 10 meses.

Ese acuerdo fue tenido en cuenta por la magistrada que dictó la resolución, Sylvia Aramberri, y fue incluido incluso dentro del expediente judicial. Así, la jueza le puso plazos al Pami que hasta hoy tiene tiempo de presentar en los Tribunales Federales de Rosario el expediente administrativo para justificar las razones y detalles de las mejoras que encarará en el hogar de ancianos casildense. En tanto que tendrá tiempo hasta el viernes 10 de septiembre para elevar la propuesta de reubicación de los internos dentro de Casilda.

Versiones de cierre. El pedido de intervención judicial surgió luego de una serie de marchas y contramarchas que tuvieron en vilo a los propios abuelos por la suerte que podrían correr al alentarse la posibilidad de cierre de la residencia. Ello fue desmentido por Pami que aclaró, como publicó oportunamente LaCapital, que debía remodelar el geriátrico a raíz de los resultados de una auditoría que reveló falencias edilicias que ponen en riesgo la seguridad de los ancianos, razón por la cual era necesaria su evacuación.

Además el instituto aseguró, primero desde la agencia Casilda y después a través de funcionarios de mayor rango que recalaron en la ciudad, no tener intenciones de cerrar la residencia sino por el contrario mejorar sus condiciones edilicias. Ello no resultó argumento suficiente para convencer y frenar la movida que puso en tela de juicio la verosimilitud de lo manifestado oficialmente y que tuvo como principal demostración un abrazo simbólico a la residencia para impedir su supuesto cierre.

Cabe mencionar que esta presunta intención de cerrar sería, en rigor, de imposible concreción ya que ese lugar fue donado hace décadas por el Club de los Matrimonios para ser utilizado únicamente como geriátrico, aunque pocos parecen haber reparado en tal barrera legal.

Pedido de pruebas. Es que la dirigencia política local así como referentes de instituciones que acompañaron la protesta exigían al Pami que, además de los argumentos esgrimidos, exhibiera los planos, presupuesto y plazos de la ejecución de la obra planteada a fin de transparentar la situación. Además, se opusieron de plano al traslado de los abuelos hacia otras localidades, aunque hubo familiares de internos que firmaron el respectivo consentimiento.

En este marco parece haber primado más la exposición mediática de algunos actores políticos que una salida "armoniosa" al conflicto que recién llegó días atrás a partir de la reunión desarrollada en Buenos Aires y posteriormente la intervención judicial tras la presentación de un recurso de amparo que quedó en pie. Lo que Pami comunicó verbalmente desde un primer momento, para tranquilizar, sin éxito, los ánimos, ahora deberá acreditar en el plano judicial para justificar su cuestionado propósito. Y de no ser así la Justicia actuará en consecuencia.

Ferraretto calificó como de positiva la medida dispuesta por la jueza Aramberri al considerar que "se trata de una intervención imparcial que permitirá despejar todo tipo de dudas respecto del proyecto que tiene el instituto para remodelar el hogar de ancianos y garantizar que los abuelos no sean trasladados fuera de la ciudad hasta que se termine la obra".

"Mala praxis política". No obstante la profesional consideró "desproporcionado y desmesurado tener que haber recurrido a la Justicia Federal, que tiene casos muy importantes para resolver, a fin de que intervenga y ordene al Pami que presente el expediente administrativo de una obra que va a realizar en una ciudad santafesina".

"Haber llegado a esta instancia revela un claro caso de mala praxis política desde todo punto de vista, ya que esta situación se tendría que haber solucionado por otros carriles y no esperar hasta último momento, sin ni siquiera tener en cuenta la exposición innecesaria y traumática para los abuelos".

"Alguien debería hacerse cargo de esta dilación, más aún cuando en el medio de todo esto estaba involucrada la integridad y el buen vivir de personas absolutamente ajenas al conflicto como son los ancianos. Lo sucedido en este tiempo fue una pobre respuesta a ellos, que durante toda una vida estuvieron poniendo su fuerza de trabajo al servicio de la comunidad", concluyó Ferraretto.