Es cierto que los seres humanos se han desplazado desde el comienzo de los tiempos y muchos de estos desplazamientos fueron impulsados por modificaciones en las condiciones de su ambiente. Sin embargo, estos antecedentes no le quitan relevancia a la crisis climática actual ni a sus efectos sobre la vida de las personas; por el contrario, hacen más evidente la urgencia de una acción global coordinada, comprometida y efectiva.

Varias circunstancias agravan la situación existente. Primero, en su origen, la crisis climática actual tiene una característica que no se observó en ninguna de las anteriores: es antropogénica, esto quiere decir que es causada plenamente por la acción del hombre, y por su inacción para detenerla. En segundo lugar, otro hecho sin precedentes es que la población mundial se acerca a 8.000 millones de personas, haciendo que el cambio climático tenga efectos catastróficos, multiplicando amenazas y tendiendo a agudizar conflictos preexistentes de tipo social, político, económico y territorial. Así, es fundamental entender que el calentamiento global provoca pérdida de hábitats y reduce la capacidad productiva de las tierras, poniendo en riesgo la vida de comunidades enteras que se ven obligadas a desplazarse, en un contexto mundial de superpoblación, escasez de recursos y exacerbación de las tensiones sociales. El Pacto Mundial sobre los Refugiados reconoce que “el clima, la degradación ambiental y los desastres naturales no provocan, en sí mismos, los desplazamientos de refugiados, pero interactúan cada vez más con las causas de estos movimientos”.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) define a los migrantes por motivos ambientales como toda “persona que, debido principalmente a cambios repentinos o graduales en el medio ambiente que inciden negativamente en su vida o en sus condiciones de vida, se ve obligada a abandonar su lugar de residencia habitual, o decide hacerlo, con carácter temporal o permanente, y se desplaza a otras partes de su país de origen o de residencia habitual, o fuera del mismo”. Cuando los mencionados cambios en el ambiente son consecuencia del cambio climático, las personas desplazadas se denominan migrantes por motivos climáticos. No obstante, estas definiciones tienen solamente carácter operativo y de sensibilización, pero no cuentan con valor jurídico. La misma dificultad presenta el término “refugiados climáticos”; el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) rechaza su uso, y tampoco existe, por el momento, ningún documento de valor jurídico que lo aplique; por este motivo ACNUR sugiere hacer referencia a “personas desplazadas en contextos de desastres y cambio climático”.

A las carencias que tiene el derecho internacional para abordar el problema, se suma la dificultad que presenta su medición; los desplazamientos por motivos climáticos son un fenómeno difícil de cuantificar y analizar. En primer lugar, porque las migraciones son un fenómeno multicausal, y en muchos casos el cambio climático actúa como factor agravante de conflictos bélicos y étnicos, procesos de urbanización o cambios en la actividad económica de la región, por lo que no se considera el factor ambiental como la causa última y principal del desplazamiento.

En segundo lugar, el calentamiento global es un proceso de incremento gradual de las temperaturas y de larga data, de forma que la degradación ambiental que produce resulta en desplazamientos progresivos de comunidades. Frecuentemente, el cambio climático impulsa primero desplazamientos en el interior del propio país de origen, antes de obligar a las personas a cruzar fronteras; en otros casos, desastres naturales súbitos y letales originan desplazados temporales que luego regresan a su residencia habitual. Sin embargo, ACNUR denuncia que los efectos de la crisis climática, al dificultar las condiciones de vida, en muchos casos también impide que las personas desplazadas regresen finalmente a sus hogares.

América Latina es una de las regiones más vulnerables a los efectos del cambio climático, y donde se puede observar una mayor incidencia e intensidad de desastres naturales causados por fenómenos meteorológicos extremos. Sumado a esto, las actividades económicas más comunes de los países latinoamericanos están vinculadas al sector agrario, por lo que esta dependencia económica tiene un grave impacto social cuando el deterioro de los ecosistemas y sus consecuencias sobre los sistemas productivos pone en riesgo la supervivencia de las comunidades asociadas a ellos. El Banco Mundial estima que hacia el 2050 podría haber 17 millones de desplazados por motivos climáticos provenientes de América Latina.

Aunque cada vez son más los acuerdos y conversaciones llevados a cabo en el seno de organizaciones internacionales y por iniciativa diplomática de los estados, aún son pocos los esfuerzos genuinos orientados a desarrollar políticas cooperativas, inclusivas y respetuosas de los derechos humanos que aborden la necesidad de gestionar las migraciones en este contexto de crisis climática. En este sentido, reconociendo su compromiso con la comunidad internacional en torno a las personas migrantes y refugiadas, y a la acción contra el cambio climático, Argentina ha comenzado a impulsar cada vez más acciones y programas relacionados a esta problemática.

En agosto de 2021, lanzó el “Proyecto de Adaptación al cambio climático en ciudades y ecosistemas costeros vulnerables del Río Uruguay” (pactado en diciembre de 2020), un acuerdo binacional entre Argentina y Uruguay que busca implementar medidas de adaptación y reducción de riesgos vinculados al cambio climático en las comunidades de este ecosistema costero, aceptando la necesidad de aumentar la resiliencia y planificar de forma estratégica el ordenamiento territorial y productivo de una zona propensa a las inundaciones y con aproximadamente 650.000 habitantes. Siguiendo esta línea de compromisos, el 19 de mayo de 2022, Argentina aprobó un “Programa Especial De Visado Humanitario” para personas nacionales y residentes de México, Centroamérica y el Caribe que sean desplazadas por desastres socio-naturales, debido al alto nivel de vulnerabilidad que presenta esta región.

En definitiva, migrar es un derecho humano y una estrategia fundamental de adaptación al cambio climático, por lo que las políticas públicas para su gestión deben asegurar la movilidad humana de forma segura, ordenada y regular, respetuosa de los derechos humanos y asegurando no sólo la subsistencia de las personas, sino también sus posibilidades de desarrollar una vida plena.